Órdenes desde Moncloa: Begoña Gómez pedía a su colaboradora oficial fotos para su proyecto privado

Según ha publicado el medio OKDIARIO, la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha sido imputada por un nuevo presunto delito de malversación. La causa está relacionada con el uso de recursos públicos para fines privados, concretamente con la participación de Cristina Álvarez, directora de Programas de la Presidencia del Gobierno, en actividades vinculadas a la cátedra de Transformación Social Competitiva que dirige Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso, ha citado a Begoña Gómez a declarar el próximo 11 de septiembre, y un día antes lo hará Cristina Álvarez, también imputada. Ambos interrogatorios se enmarcan en una pieza separada abierta dentro de la investigación general que afecta a Gómez, en la que ya se le imputan otros delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

Fotografías y correos electrónicos

De acuerdo con lo expuesto en la información de OKDIARIO, uno de los hechos clave en esta nueva imputación es que Cristina Álvarez, asistente del equipo de Moncloa, acompañó a Gómez a la Complutense el día de la firma del convenio de su cátedra (30 de octubre de 2020), y realizó fotografías del acto a petición de Gómez. Así lo relató el entonces vicerrector Juan Carlos Doadrio durante su comparecencia en la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid.

Según la declaración de Doadrio, tras firmarse el convenio se le informó de que Gómez no tenía titulación universitaria, a diferencia de lo que se había supuesto en un principio. Añadió que conoció a Álvarez durante ese acto, cuando ella le tomó fotografías junto a Gómez y el rector, a pesar de que este último, según dijo, no deseaba fotos del acto.

OKDIARIO también informa que Cristina Álvarez acompañó en más ocasiones a Gómez a eventos relacionados con su cátedra, y en una ocasión lo hizo para reunirse con el propio Doadrio y con el rector de la Complutense. El exvicerrector relató además haber sido invitado por Álvarez a comer en La Moncloa en al menos dos ocasiones, una de ellas con Gómez presente.

Correos y convenios

Según los datos citados por OKDIARIO, el juez también ha incluido como prueba un correo electrónico enviado por Álvarez a la directora de comunicación de Reale Seguros, en el que solicitaba directamente la renovación del patrocinio para la cátedra, en nombre de Begoña Gómez. Para el juez, estas acciones exceden el ámbito de actuación de una empleada pública y podrían encajar en un presunto uso indebido de recursos públicos para fines privados.

En palabras del juez, recogidas por el medio, existiría una posible “desviación de recursos públicos ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder” —la Presidencia del Gobierno— para actividades privadas, algo que, según afirma, podría reforzar la influencia de Gómez en el ámbito académico y empresarial.

El auto judicial se basa en un documento previo de la Audiencia Provincial, de fecha 12 de junio, que ya avalaba investigar un posible delito de malversación en la contratación y uso de recursos públicos asignados a Cristina Álvarez.

Begoña Gómez ya está siendo investigada por varias causas. Según el sumario que cita OKDIARIO, se investiga si utilizó su posición para promover proyectos y convenios con empresas vinculadas al Grupo Barrabés, mientras dirigía su cátedra y participaba en procesos de captación de fondos y convenios de patrocinio.

Además, en varios correos electrónicos relacionados con estos hechos, Cristina Álvarez aparece firmando como “colaboradora” de la cátedra, algo que, según la investigación, indicaría que su papel dentro de Presidencia podría haber sido usado de forma directa para apoyar las actividades privadas de Gómez.

Finalmente, el juez considera que el vínculo personal y profesional entre Gómez y Álvarez —amigas desde antes del nombramiento— puede haber sido determinante en la designación de esta última como cargo de confianza en Moncloa, lo cual refuerza la línea de investigación sobre posible nepotismo y desvío de fondos públicos.