La número dos de García Ortiz frena la reapertura del 'caso Miguel Ángel Blanco' pese al rechazo de los fiscales
Contra el criterio de 13 de los 16 fiscales del Tribunal Supremo, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, mano derecha del fiscal general Álvaro García Ortiz, ha pedido que no se reabra el caso por el asesinato de Miguel Ángel Blanco
El debate sobre el cierre del caso Miguel Ángel Blanco ha vuelto a encender las alarmas en la carrera judicial y política de España. En un movimiento tan controvertido como simbólico, Ángeles Sánchez Conde, número dos del fiscal general del Estado, ha presentado un informe ante el Tribunal Supremo solicitando la inadmisión de los recursos interpuestos por el PP, Dignidad y Justicia y la Fundación Villacisneros, que buscaban reactivar la investigación contra los exjefes de ETA presuntamente implicados en el asesinato del edil de Ermua.
La posición de Sánchez Conde desafía abiertamente el criterio mayoritario de los fiscales del Supremo, que apenas semanas atrás, en una junta celebrada el 11 de febrero, respaldaron por 13 votos frente a 3 la tesis de que la causa seguía viva gracias a diferentes actos judiciales que interrumpieron la prescripción, como comisiones rogatorias, reaperturas de sumario y diligencias internacionales.
Pese a este respaldo casi unánime, la decisión última ha recaído en Sánchez Conde, que opta por archivar definitivamente el caso y descartar que esos movimientos judiciales puedan considerarse válidos para impedir la prescripción de un asesinato que marcó un antes y un después en la lucha contra el terrorismo en España.
Prescripción vs. Justicia
Para las acusaciones populares y gran parte del mundo jurídico, el caso Blanco no puede considerarse prescrito. Alegan que las investigaciones jamás se paralizaron del todo y que el Estado de derecho tiene una deuda con quienes ordenaron el secuestro y asesinato de un joven concejal que se convirtió en símbolo nacional contra ETA. La existencia de diligencias continuadas, como la comisión rogatoria a Francia en 2002 o las pesquisas para identificar a los autores intelectuales del crimen, mantienen, según esta tesis, la causa activa.
Además, recuerdan que el propio Tribunal Supremo ya advirtió en el pasado que la prescripción no puede aplicarse cuando persisten investigaciones abiertas y cuando los delitos afectan a los derechos humanos, como ocurre en los crímenes de terrorismo.
Un gesto con eco político
El informe de Sánchez Conde, lejos de limitarse al plano técnico, tiene un fuerte trasfondo político. La Fiscalía, dirigida por García Ortiz –cuestionado por su cercanía al Gobierno y por su defensa de decisiones favorables a figuras del entorno del poder socialista–, vuelve a estar en el centro del huracán. Este rechazo a la reapertura del caso coincide con la polémica por la ley de amnistía para el 'procés', las tensiones con ETA aún presentes en la memoria colectiva y el debate sobre la cesión de competencias estratégicas a los socios independentistas de Sánchez.
La jugada de la teniente fiscal ha generado indignación en las asociaciones de víctimas del terrorismo, que ven en esta decisión un intento más de borrar la memoria de Miguel Ángel Blanco y reducir a papel mojado la lucha judicial contra los crímenes de ETA.
Desde el PP, ya han calificado esta maniobra como "una vergüenza" y un "atropello" a la dignidad de las víctimas. Reclaman que el Supremo no acate el criterio de la Fiscalía y que permita reabrir el caso para juzgar a los autores intelectuales de un asesinato que sigue doliendo 27 años después.
La última palabra la tiene ahora el Tribunal Supremo, que deberá decidir si atiende la petición de inadmisión formulada por Sánchez Conde o si, como defienden las acusaciones y la mayoría de los fiscales del Alto Tribunal, considera que la causa sigue viva.