La nueva ley de Sánchez borra a las mujeres agresoras y politiza el drama de los menores víctimas
El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a colocar su agenda ideológica por encima de la realidad. El anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, aprobado recientemente en Consejo de Ministros, se presenta como una norma «pionera» que busca proteger a los menores víctimas indirectas de la violencia de género. Sin embargo, tras el discurso triunfalista del Ejecutivo se esconde una verdad incómoda: la ley solo reconoce a los hombres como posibles agresores, dejando fuera a las mujeres que cometen los mismos crímenes.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido que el texto pretende «dar respuesta a todas las víctimas». Pero los hechos —y las cifras— cuentan otra historia. Como desvela El Debate, desde la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica (ANAVID) advierten de que « el único objetivo real del anteproyecto es dejar plasmado, como ha dicho la propia ministra, que las mujeres no pueden cometer violencia vicaria ».
Una definición sesgada por el género
La ley define la violencia vicaria como « aquella violencia que, con el objetivo de causar dolor o sufrimiento a las mujeres, puede ejercerse sobre los hijos e hijas o descendientes, personas menores de edad sujetas a su tutela o guarda y custodia, los ascendientes o hermanos y hermanas de ésta, así como su pareja o anteriores parejas, aunque no exista convivencia ».
La formulación no deja lugar a dudas: el agresor es siempre un hombre y la víctima principal, una mujer. La norma ni siquiera contempla la posibilidad inversa, ignorando así la existencia de madres o tutoras que agreden o asesinan a sus hijos.
« No quieren proteger a los niños, quieren proteger su ideología », denuncian desde ANAVID.
Los números que Igualdad no publica
Los datos oficiales del propio Ministerio revelan la manipulación. En 2022, Igualdad reconoció solo dos menores asesinados a manos de su padre, cuando los informes recabados por ANAVID identifican trece víctimas: niños y niñas asesinados por sus progenitores, hombres y mujeres, o por familiares cercanos.
En 2024, el patrón se repitió. El Ministerio de Igualdad contabilizó nueve menores asesinados por sus padres, pero ANAVID documentó treinta y cinco casos en total.
Veintiséis de esos niños no aparecen en las estadísticas oficiales. No se les dedica un minuto de silencio. No existen para el Gobierno.
« Esos niños no cuentan como víctimas, y no tienen minuto de silencio », lamenta la asociación.
Una ley para reforzar el dogma de género
Desde ANAVID son tajantes: « El interés de este Ministerio no es proteger a los niños. Quieren destruir la figura paterna, dinamitar la familia tradicional y, llegado el momento, que los menores pasen a ser del Estado».
Según su denuncia, la nueva ley forma parte de una estrategia ideológica en la que los hombres son sistemáticamente criminalizados y las mujeres eximidas de toda responsabilidad penal en este tipo de delitos. El resultado, advierten, será un marco legal discriminatorio e ineficaz que perpetúa el silencio sobre decenas de menores asesinados.
El fracaso de las políticas de igualdad
Desde 2003, año en que se inició el registro oficial de víctimas de violencia de género, la curva de mujeres asesinadas apenas ha variado.
Pese a las inversiones millonarias y los sucesivos planes estatales, el número de víctimas no se reduce.
La creación de nuevos observatorios, leyes y organismos no ha traído más protección, sino más burocracia y más ideología.
El nuevo anteproyecto no corrige ese error: lo agrava.
« Convertir la violencia vicaria en un delito autónomo con agravante de género solo servirá para mantener el relato político, no para salvar vidas », denuncian expertos en Derecho de familia consultados por este medio.
Niños invisibles, Estado omnipresente
La verdadera consecuencia de esta política, alertan desde ANAVID, es una ruptura total entre los padres y sus hijos varones, bajo la sospecha permanente de que todo hombre es un potencial agresor.
El Estado, en cambio, refuerza su papel como tutor moral y material de los menores, sustituyendo progresivamente la autoridad familiar.
« Cuando una madre no puede mantener a su hijo, entra en la rueda de pedir ayudas, y así los niños pasan a depender del Estado », explican desde la asociación.
Así, el drama de la violencia doméstica se transforma en un campo de batalla ideológico, donde los datos se manipulan, las víctimas se seleccionan y las estadísticas se politizan.