El novio de Ayuso solicita al Supremo que procese al fiscal general por revelación de secretos

El pulso judicial entre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y la Fiscalía General del Estado, ha escalado al máximo nivel. En un escrito de 68 páginas registrado en el Tribunal Supremo, la defensa del empresario solicita que se dé por concluida la fase de instrucción y se procese al fiscal general Álvaro García Ortiz y a la fiscal provincial de Madrid Pilar Rodríguez Fernández, por un presunto delito de revelación de secretos.

De ser admitida, esta solicitud abriría un juicio penal contra el jefe del Ministerio Fiscal en activo, un hecho inédito en democracia.

Revelaciones que dejaron de ser privadas

Los abogados de González Amador sostienen que, tras conocerse su relación sentimental con Ayuso, los datos tributarios y procesales del empresario dejaron de ser tratados con reserva. Según el escrito, la Fiscalía habría utilizado su posición institucional para filtrar información sensible —proveniente de una investigación iniciada por Hacienda— a distintos medios de comunicación y para elaborar una nota de prensa con fines políticos.

El documento se apoya en mensajes internos y comunicaciones de WhatsApp, así como en el controvertido uso de un correo Gmail privado por parte del fiscal general, a través del cual se le habrían enviado correos reservados desde la Fiscalía Provincial.

Un uso estratégico de la nota de prensa

Según la acusación, la maquinaria de la Fiscalía General se activó la noche del 13 de marzo de 2024, tras publicaciones que apuntaban a un posible pacto entre González Amador y el fiscal asignado al caso, Julián Salto. La nota oficial que se emitió —y que terminó revelando contenido confidencial del expediente fiscal— habría sido confeccionada, siempre según el escrito, por la asesora de comunicación del fiscal general, María del Mar Hedo, excolaboradora de Moncloa, siguiendo dictado directo de García Ortiz.

El documento se envió después por WhatsApp a otro miembro de la Fiscalía con la indicación: “Esta es la nota que hay que pasar esta mañana. Creo que ya está vista por las jefas y los jefes”.

Contexto político y consecuencias jurídicas

El escrito destaca que la publicación de la nota fue seguida de una instrumentalización política: varios dirigentes socialistas estaban ya al tanto de la filtración, y la información habría circulado dentro del entorno de Moncloa. Se cita en particular al diputado Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE.

Las consecuencias se han dejado sentir incluso en el ámbito corporativo: el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) decidió romper su adhesión al protocolo de conformidades suscrito con la Fiscalía General del Estado, por la pérdida de garantías en la gestión de información confidencial.

El Supremo, ante un caso sin precedentes

La solicitud se basa en los artículos 73 y 74 del Código Penal, lo que implica que podría calificarse el caso como un concurso real de delitos o como delito continuado. En ambos escenarios, la gravedad penal es significativa.

Se está ahora a la espera de la decisión del magistrado Ángel Hurtado, instructor de la causa en el Supremo. De acceder a la petición de la acusación, se abriría un nuevo escenario político y jurídico que marcaría un antes y un después en la responsabilidad penal de los máximos representantes del Ministerio Público.