El novio de Ayuso pide al Supremo investigar correos del fiscal García Ortiz
El Tribunal Supremo se encuentra ante una solicitud presentada por la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en relación con una posible filtración de datos confidenciales. El objetivo es acceder a los correos electrónicos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para investigar el origen de dicha filtración.
El caso, que está siendo instruido por una magistrada, plantea la posibilidad de que se requiera a Google que facilite las comunicaciones entre el fiscal general y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. La defensa de González Amador presentó la solicitud el pasado mes de julio, solicitando que se investiguen posibles correos electrónicos borrados entre el 5 de marzo de 2024 y la fecha de la solicitud. La investigación también abarca las comunicaciones desde el correo oficial de Rodríguez, así como desde una cuenta de la Jefatura provincial.
La investigación en torno a la posible filtración de datos sensibles se centra en un correo electrónico enviado por González Amador el 2 de febrero de este año, en el que solicitaba un pacto a la Fiscalía, revelando en ese mensaje dos delitos fiscales y uno de falsedad documental. Esta comunicación habría sido filtrada posteriormente. Manos Limpias, una de las acusaciones populares involucradas en el caso, también ha solicitado un rastreo informático para esclarecer cómo se produjeron estas filtraciones.
El 14 de marzo, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado con detalles sobre el supuesto acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y González Amador, quien se encuentra imputado por delitos de fraude fiscal y falsificación documental. El comunicado fue emitido tras horas de deliberación en el seno de la Fiscalía, debido a las presiones internas para desmentir lo que calificaron como "un bulo". El Mundo había publicado la noche anterior que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, lo que motivó la preparación del comunicado. Para su elaboración, se utilizaron los correos intercambiados entre el fiscal del caso y el abogado de González Amador.
Las fuentes aseguran que se obligó al fiscal que poseía esos correos a abandonar un partido de fútbol para que proporcionara dicha información. Según otro medio fue González Amador quien originalmente ofreció un pacto para evitar el juicio, lo que añadía complejidad al caso.
El comunicado, que incluía datos confidenciales del caso, fue inicialmente rechazado por la oficina de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid. No obstante, García Ortiz presionó para que el texto fuera difundido, enviando un mensaje de WhatsApp a la fiscal jefe de Madrid en el que insistía: "Si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato (...) Es imperativo sacarla". Finalmente, el texto fue distribuido, revelando información clave sobre el caso, incluidos los términos propuestos para el acuerdo, que requerían la admisión de dos delitos fiscales y otro de falsificación documental a cambio de una pena reducida.
La decisión de García Ortiz de continuar en su cargo, a pesar de estar imputado por un posible delito de revelación de secretos, ha generado tensiones dentro de la Fiscalía. Dos de las tres asociaciones profesionales de fiscales, así como el Consejo Fiscal, han pedido su dimisión, considerando que su permanencia afecta la integridad de la institución. Sin embargo, el fiscal general ha defendido su decisión, afirmando que continuar en el cargo es "lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo". El Gobierno ha expresado su respaldo a García Ortiz, subrayando que la causa abierta en el Supremo no tiene "mucho recorrido". En este sentido, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha declarado que García Ortiz "cumplió con su deber" de perseguir el delito y proteger la democracia.