El novio de Ayuso se querellará contra Sánchez en el Supremo tras ser llamado "delincuente confeso"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha acudido este miércoles al acto de conciliación judicial convocado en el Juzgado de Primera Instancia Número 98 de Madrid, en el que el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reclamaba una rectificación tras haber sido calificado por Sánchez como "delincuente confeso".
La incomparecencia del presidente activa el siguiente paso legal: la presentación de una querella ante el Tribunal Supremo (TS) por presuntas injurias y calumnias, según han informado fuentes jurídicas.
El origen del conflicto: las declaraciones de Sánchez
Las palabras que han motivado esta acción judicial se remontan al 17 de octubre de 2024, cuando Sánchez, en una comparecencia pública, vinculó la defensa del empresario con una supuesta estrategia de desinformación.
"Probablemente, la noticia que conocimos ayer nos permita recordar el origen de todo esto, que es que el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo", afirmó entonces el presidente.
Estas declaraciones llegaron después de que se hiciera pública la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos contra González Amador, tras filtrarse información sobre su fraude fiscal y su acuerdo con la Fiscalía.
Conciliación frustrada y vía penal abierta
El acto de conciliación de este miércoles era un trámite previo a la querella penal, que buscaba un acuerdo extrajudicial para evitar la vía judicial. Sin embargo, como es habitual en este tipo de procedimientos, Sánchez no compareció ni envió representación legal, lo que permite a González Amador formalizar la querella directamente ante el Supremo.
El Juzgado 98 de Madrid, en su decreto de citación, ya advirtió de las consecuencias:
- Si la parte solicitante (González Amador) no asistía, se archivaría el expediente.
- Si la parte requerida (Sánchez) no acudía, se consideraría el acto de conciliación intentado, permitiendo al querellante dar el siguiente paso judicial.
Dado que González Amador sí estuvo representado por su abogado, la vía penal queda completamente abierta.
González Amador reclama 100.000 euros a Sánchez
Según fuentes cercanas al empresario, las declaraciones del presidente del Gobierno suponen una "infracción de los más elementales deberes de respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español".
Por ello, en la conciliación frustrada, González Amador exigía una indemnización de 100.000 euros por daños al honor. Ahora, esta reclamación podría trasladarse al proceso penal, donde además de la compensación económica, la querella incluirá la petición de una rectificación pública.
Un precedente en el Supremo: la demanda contra Montero
Este no es el único frente judicial que González Amador ha abierto contra miembros del Gobierno. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también fue citada a un acto de conciliación similar, al que tampoco acudió.
En este caso, el empresario ya ha presentado una demanda por vulneración del derecho al honor, que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha admitido a trámite.
La querella contra Sánchez seguirá ahora un camino paralelo en la Sala de lo Penal del Supremo, dada su condición de aforado como presidente del Gobierno.
Impacto político y estrategia jurídica
El conflicto judicial entre González Amador y el Gobierno se enmarca en una guerra política más amplia, donde Ayuso ha denunciado en reiteradas ocasiones una "persecución política" contra su entorno por parte del Ejecutivo central.
La defensa del empresario apuesta por un enfoque puramente jurídico, alegando que Sánchez incurrió en una falsedad objetiva al tildarle de "delincuente confeso", cuando en realidad no ha sido condenado por la justicia, sino que alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para regularizar su situación fiscal.
Fuentes cercanas a la defensa insisten en que se trata de un caso claro de intromisión ilegítima en el honor de un ciudadano, al que se le ha atribuido una condición delictiva inexistente.
El Supremo decidirá si abre causa contra Sánchez
Con la querella ya en marcha, será la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la que deba admitirla a trámite y estudiar si existen indicios de delito.
La clave del caso estará en determinar si las palabras de Sánchez constituyen un exceso verbal dentro del debate político, protegido por la libertad de expresión, o si efectivamente traspasan la línea de la injuria o la calumnia, con relevancia penal.
En cualquier caso, este nuevo frente judicial añade más tensión a la ya convulsa relación entre el Gobierno de Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid.