El novio de Ayuso acusa a García Ortiz de "incontables falsedades" en su causa ante el Supremo
En una jugada que puede tener implicaciones mucho más allá de lo meramente procesal, la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado un ataque frontal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al acusarle de haber vertido "incontables falsedades" en el marco de la investigación que involucra a su cliente. Según el escrito presentado ante el Tribunal Supremo, estas declaraciones erróneas formarían parte de una estrategia de denigración extraprocesal que habría salpicado al propio órgano instructor, a las partes implicadas y, por supuesto, a los medios de comunicación, que, según la defensa, han sido utilizados para difundir estos relatos falseados.
La guerra de las filtraciones y las falsedades
El escrito, al que ha tenido acceso El Debate, deja claro que el fondo del ataque reside en una serie de filtraciones de información confidencial sobre el caso, que, según los abogados de González Amador, habrían sido orquestadas desde el propio entorno de la Fiscalía General. El fiscal general, en su opinión, ha utilizado su poder institucional para manipular el curso del proceso, destruyendo pruebas clave como comunicaciones electrónicas, copias de seguridad y terminales móviles de relevancia para la causa. Según la defensa, el fin de estas actuaciones no es otro que la presión mediática para perjudicar a González Amador, al que se le acusa de haber revelado secretos de la pareja de la presidenta madrileña.
El tono de la defensa es claro: esta no es una cuestión de errores menores o malentendidos procesales, sino una acción deliberada que apunta a desvirtuar la instrucción judicial, lo que representa un abuso de poder en toda regla por parte de Álvaro García Ortiz.
El recurso a la transparencia y el derecho de defensa
Pero la defensa de González Amador no se limita a acusar al fiscal general de tergiversar los hechos. En su escrito, solicita expresamente que el Tribunal Supremo exija al fiscal que aporte toda la documentación relevante que se ha dejado fuera del sumario. Entre los documentos solicitados, destacan:
- La queja formal presentada ante el CGPJ, que, según la defensa, contiene información clave para comprender el contexto de las filtraciones.
- El teléfono móvil de García Ortiz y las copias de seguridad de su cuenta de correo electrónico y WhatsApp, que podrían arrojar luz sobre las comunicaciones que podrían haber influido en el curso de la investigación.
Para la defensa, lo que está en juego no es solo la transparencia del proceso, sino la propia integridad del derecho de defensa. La revelación de información sensible, aseguran, ha puesto en riesgo el acceso justo de las partes implicadas al contenido del sumario, una violación directa de las garantías procesales establecidas en el artículo 24 de la Constitución.
La sombra de las filtraciones mediáticas
Una de las partes más delicadas de este enfrentamiento es la utilización de los medios de comunicación. La defensa acusa a García Ortiz de ser el origen de las filtraciones que han aparecido en varios medios, con artículos que no solo hacían referencia a la denuncia que se estaba tramitando, sino que también desvelaban detalles privados de las víctimas y el propio proceso judicial. Esas filtraciones, argumentan los abogados, se han utilizado como una estrategia de desgaste mediático, con el objetivo de perjudicar a su cliente antes de que el proceso judicial haya llegado siquiera a su fase decisiva.
En este sentido, la defensa de González Amador recuerda que el derecho a un juicio justo pasa por la prohibición de utilizar los medios para presionar o manipular la opinión pública. Para los letrados, la publicación de esos detalles no solo perjudica la imagen del acusado, sino que también dificulta la obtención de un juicio imparcial.
El conflicto institucional: el papel del CGPJ
El documento presentado por la defensa también pone en tela de juicio el papel del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que se le insta a intervenir en la medida en que Álvaro García Ortiz ha transmitido al CGPJ información que no se ha integrado en el sumario, a pesar de ser fundamental para entender el desarrollo de la instrucción. ¿Por qué se ocultan esas quejas? ¿Y qué relación tienen con las filtraciones a los medios? Son preguntas clave que, según los abogados de González Amador, deben ser respondidas cuanto antes.
Un caso con ecos políticos
No es casual que este caso, con todas sus ramificaciones, se haya convertido en un escándalo político. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido un objetivo constante de los sectores críticos al gobierno autonómico. Y ahora, su pareja, Alberto González Amador, se ve envuelto en una trama de acusaciones que, según algunos, tiene tintes de operación de desgaste. El papel de Álvaro García Ortiz, en este sentido, no es menor: fiscal general del Estado y con un historial reciente de posicionamientos políticamente sensibles. Su actuación en este caso podría tener implicaciones de gran calado en términos de su credibilidad y su futuro al frente de la Fiscalía.