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El novio de Ayuso pide apartar a la 'mano derecha' de García Ortiz de su proceso penal

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. / EP
La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, enfrenta un complejo escenario tras la imputación de su jefe, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos

La condición de Sánchez Conde como "primera persona de confianza" del fiscal general ha llevado a los abogados de Alberto González Amador, empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, a solicitar al Tribunal Supremo que se le aparte de la investigación o, en su defecto, aclare si tiene algún tipo de relación directa o indirecta con los hechos investigados.

Este martes, la defensa de González Amador presentó un documento ante el Alto Tribunal, en el que solicita al juez instructor de la causa, el magistrado Ángel Hurtado, que garantice que Sánchez Conde no tenga acceso a información confidencial de la investigación mientras esté bajo la dependencia jerárquica de García Ortiz.

Motivos de abstención y posible rol de testigo

En su escrito, la defensa argumenta que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), tanto el fiscal general como los miembros del Ministerio Fiscal deben abstenerse de participar en casos que les afecten personalmente. Este principio de abstención aplicaría especialmente si el funcionario público ha ocupado cargos o desempeñado funciones relacionadas con el caso, lo cual podría comprometer su objetividad.

Además, se indica que Sánchez Conde podría ser llamada a declarar como testigo en este caso. Su testimonio, junto con cualquier información y soporte físico o digital relevante que ella posea, podría ser clave para el avance de la investigación. El documento subraya que la normativa no la exime de esta obligación constitucional, y recalca la necesidad de su imparcialidad en el acceso a la causa.

Medidas de abstención de García Ortiz

El mismo día en que se presentó esta solicitud, la Fiscalía informó internamente que García Ortiz se ha abstenido de intervenir en el caso ante el Tribunal Supremo, tal como lo hizo anteriormente ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Juzgado de Instrucción Número 28 de Madrid. Este acto garantiza que Sánchez Conde no estará obligada a recibir órdenes ni a rendir cuentas al fiscal general en lo relacionado con este caso, lo cual respalda su independencia en la toma de decisiones en el marco de esta investigación.

Con esta petición, el equipo de defensa de González Amador busca asegurar que la teniente fiscal del Supremo mantenga una postura objetiva y sin interferencias en un caso que toca de cerca al Ministerio Público.