En una imponente movilización que congregó a casi cien asociaciones y foros cívicos, Madrid fue testigo hoy de una enérgica protesta exigiendo la dimisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El punto de encuentro fue la emblemática Plaza de Cibeles, donde miles de ciudadanos se unieron para expresar su descontento ante el avance en la tramitación de la polémica Ley de Amnistía, especialmente diseñada para aquellos implicados en el proceso independentista catalán.

Desde las 12:00 horas, representantes de diversos sectores, con marcada presencia de figuras destacadas del Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos, se sumaron al clamor popular. Entre las entidades convocantes, destacan nombres como Foro Libertad y Alternativa, Neos, DENAES, S’ha Acabat y Libertad Sin Ira, quienes enfocan su atención en el persistente deterioro político, institucional y social que, según sostienen, ha caracterizado el mandato de Sánchez.

Bajo el lema 'Sobran los motivos ¡Sánchez dimisión!', los manifestantes dirigieron su crítica principalmente hacia los acuerdos del Gobierno y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con los partidos independentistas. Etiquetando a estos últimos como "herederos de los terroristas", acusan al presidente Sánchez de estar "cautivo de todos ellos" y ser "dispuesto a todo para prolongar su permanencia en La Moncloa".

Las asociaciones convocantes señalan un "punto de no retorno" en el que el "deterioro político, institucional y social" podría derivar en un prolongado período de "severa decadencia". Advierten sobre los riesgos que esto conlleva para la democracia, el bienestar de los ciudadanos, la paz pública y la propia pervivencia de España como nación.

Las críticas abarcan una amplia gama de aspectos, desde la supuesta "colonización de las instituciones" hasta la tolerancia a la injerencia del régimen de Vladimir Putin en España y la Unión Europea. Mencionan la condena selectiva de delitos, indultos a colaboradores del Gobierno, el nombramiento de miembros del Ejecutivo en roles judiciales y la instrumentalización del Real Decreto Ley para eludir el control parlamentario.

Asimismo, la manifestación expresó su rechazo hacia la aceptación del 'lawfare', la investigación parlamentaria de jueces, la sistemática hostilidad hacia la Jefatura del Estado y la condonación de deuda política a Cataluña. La polarización social, el cese de funcionarios independientes y la cesión de competencias soberanas también figuran entre las críticas.

En un extenso manifiesto publicado con motivo de la convocatoria, los organizadores instaron a la sociedad a no permanecer "impasible y dócil" ante este "proceso de demolición del Estado de Derecho". Llamaron a transformar la indignación en rebeldía, utilizando "todos los recursos legítimos" para defender las instituciones democráticas y la nación, tal como se plasmó en la Constitución de 1978.

La participación política también se hizo sentir, con la presencia de representantes destacados del PP, Vox y Ciudadanos. La portavoz en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, el líder de Vox, Santiago Abascal, y el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, fueron solo algunas de las figuras políticas presentes en la manifestación.

En última instancia, la manifestación aspira a ser un claro mensaje de que los ciudadanos españoles no son "sumisos" y que están dispuestos a exigir la dimisión de Pedro Sánchez y denunciar el proceso que consideran "antidemocrático" desplegado por el presidente y sus aliados. La advertencia final es clara: si no se logra detener este proceso, España podría enfrentar un largo período de decadencia y pérdida de libertades, similar al experimentado por diversos países hispanoamericanos.