Motines, armas caseras y agresiones: así es el día a día en el centro de Hortaleza
El centro, diseñado para 35 plazas, acoge hoy a más de 100 jóvenes, en un clima de hacinamiento, motines y armas improvisadas
La agresión sexual a una menor de 14 años, perpetrada hace unos días en el parque Isabel Clara Eugenia por un interno del Centro de Primera Acogida de Hortaleza, ha encendido las alarmas en las fuerzas de seguridad y en el vecindario. El presunto autor, Rifai, es un joven con un historial de más de 90 detenciones por delitos graves como robos con violencia o agresiones, y su reincidencia ha reavivado las críticas policiales sobre la gestión del centro, al que califican como “un polvorín fuera de control”.
Una larga cadena de antecedentes sin consecuencias
Fuentes de la Policía Nacional consultadas por La Gaceta aseguran que Rifai era un viejo conocido del cuerpo: “Lo hemos detenido infinidad de veces”, relata un agente con años de experiencia en la zona. Sin embargo, denuncian que las medidas judiciales son insuficientes: “En cuanto lo llevamos ante el GRUME (Grupo de Menores), al día siguiente está en la calle”. El caso ha vuelto a evidenciar la falta de coordinación entre cuerpos de seguridad, fiscalía de menores y servicios sociales.
La impunidad que rodeaba al joven interno “hacía prever un desenlace como el que ha ocurrido”, denuncian. “Este tipo de agresiones no son un hecho aislado, sino el resultado de un sistema saturado y sin capacidad de control”.
Saturación, motines y armas improvisadas
El centro de Hortaleza fue diseñado para 35 plazas, pero actualmente alberga a más de 100 menores, según datos policiales. La saturación, la falta de personal especializado y la convivencia conflictiva entre internos de distintas nacionalidades (magrebíes y subsaharianos en su mayoría) han derivado en recurrentes motines, enfrentamientos y la aparición de armas blancas caseras.
“Nos hemos encontrado desde navajas hasta piedras acumuladas para agredir a vigilantes o periodistas”, advierte un agente. Las intervenciones policiales, según explican, son frecuentes y cada vez más arriesgadas: “En muchas ocasiones entramos en auténticas batallas campales”.
Un conflicto entre gestión y seguridad
Según el relato de los agentes, la dirección del centro mantiene un conflicto abierto con las fuerzas de seguridad y el personal de vigilancia. Acusan a la actual responsable del centro de “hostilidad hacia la Policía” y de obstaculizar su labor. “Nos vemos obligados a hacer funciones que no nos corresponden, mientras los menores se escapan por la puerta o saltan los muros sin que nadie del centro lo impida”, señalan.
La tensión se extiende también a los educadores, cuya falta de formación especializada agrava la situación: “No están preparados para este perfil de menores”, indican. En un caso reciente, se negaron a atender a un menor herido alegando estar ocupados en una “escena”, hasta que la policía intervino directamente.
Adultos entre menores: dudas sobre la edad
Otro de los problemas más graves, según la Policía, es la escasa fiabilidad de los métodos de determinación de edad. “Hay internos que claramente tienen más de 20 años. Algunos hasta se afeitan la cabeza para ocultar las canas”, explica un agente. Las pruebas óseas utilizadas para verificar la edad son consideradas por muchos como “obsoletas y poco concluyentes”.
Esto facilita que personas adultas convivan con menores en un mismo espacio, una circunstancia que incrementa los riesgos tanto para los propios internos como para el entorno.
Miedo y resignación en el vecindario
En el barrio, el sentimiento dominante es la inseguridad. Los robos con violencia se han convertido en una constante, y muchos vecinos renuncian a denunciar, convencidos de que “no sirve para nada”. Este clima de impotencia, advierten los agentes, puede derivar en reacciones sociales extremas: “Cuando el sistema no protege, la gente empieza a pensar que debe protegerse por su cuenta”.
¿Una tragedia evitable?
El caso de Rifai pone sobre la mesa un fallo estructural en la protección de menores y en la política migratoria y judicial, según los profesionales que trabajan en la zona. “La tragedia era evitable”, insisten desde la Policía, que pide una revisión urgente de los protocolos, una mejor formación del personal y más firmeza judicial ante casos reincidentes.
Por ahora, las responsabilidades políticas siguen difusas, mientras ONG contratadas por la Administración y responsables institucionales evitan entrar en el fondo del problema. Entretanto, el centro de Hortaleza, concebido como lugar de acogida y protección, se ha transformado en un foco de conflicto creciente, según las fuentes policiales.