Moncloa usa la inmigración como eje para recomponer su mayoría parlamentaria
El Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por jugar varias partidas a la vez, utilizando una misma baraja política para intentar recomponer su mayoría parlamentaria. Tras el revés sufrido esta semana en el Congreso con el rechazo al decreto ómnibus, Moncloa ha activado una compleja maniobra de encaje político que busca reconciliar, en paralelo, a dos socios clave pero enfrentados: Junts y Podemos. El eje común de esta estrategia es la inmigración, aunque bajo dos enfoques distintos, según publica VozPopuli.
Por un lado, está sobre la mesa la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, pactada previamente con Junts pero bloqueada desde el pasado septiembre. Por otro, figura la regularización extraordinaria de hasta medio millón de personas, acordada recientemente con Podemos. Aunque ambas medidas responden a lógicas políticas distintas, el Ejecutivo confía en hacerlas encajar como una carambola parlamentaria que permita no solo rescatar el decreto sino también revitalizar la legislatura y allanar el camino hacia los Presupuestos Generales del Estado.
La regularización de migrantes, impulsada por Podemos, ha tenido un efecto inmediato: ha facilitado que los morados reconsideren su postura previa. Cabe recordar que en otoño tumbaron la ley de delegación de competencias al considerar que su exposición de motivos tenía un sesgo racista. Ahora, en cambio, se muestran dispuestos a negociar una modificación del preámbulo, siempre y cuando no se alteren los artículos sustantivos, una condición que Junts también comparte. Fuentes de Podemos insisten en que el texto debe eliminar cualquier vinculación entre inmigración, inseguridad y amenaza cultural. Por su parte, el partido de Carles Puigdemont acepta estos cambios siempre que no se altere el fondo del traspaso.
Este intercambio de cesiones es la fórmula que Moncloa busca replicar para reconstruir una mayoría dañada tras la derrota del decreto que incluía, entre otras cosas, la revalorización de las pensiones, el escudo social y otras medidas económicas clave. Aunque el Gobierno ha centrado su crítica pública en el Partido Popular, al que acusa de “tomar como rehenes a los pensionistas”, mantiene un tono más conciliador con Junts, con el que aún guarda una rendija de negociación abierta.
En este contexto, el Ejecutivo no contempla trocear el decreto y aspira a presentarlo de nuevo en bloque, aunque introduciendo ajustes técnicos que permitan a Junts justificar una eventual abstención. Entre estos ajustes se encuentran los avales públicos para propietarios en caso de impago de alquiler, ya dotados con 300 millones de euros, y un posible endurecimiento técnico del lenguaje sobre la moratoria de desahucios, con el fin de evitar que pueda interpretarse como un incentivo a la ocupación ilegal de viviendas.
Simultáneamente, Moncloa intenta blindar su flanco izquierdo, ante la creciente preocupación de los grupos progresistas por lo que consideran una acumulación de concesiones a Junts. Existe el temor de que si los posconvergentes obtienen por esta vía lo que podrían haber negociado con el PP, la izquierda quede desdibujada. El Gobierno, sin embargo, defiende que la regularización de migrantes y el mantenimiento del escudo social demuestran que el equilibrio político se mantiene y que el PP nunca habría aceptado medidas como estas.
En el PSOE, algunos dirigentes ya se permiten mirar más allá de la crisis inmediata. Si la operación prospera y Junts se abstiene, el decreto podría salir adelante por la mínima y permitir al Ejecutivo recuperar la iniciativa legislativa. La reciente renuncia de José Luis Ábalos, que devolvió un escaño al grupo socialista, podría inclinar la balanza a favor. Con ese respiro parlamentario, Moncloa espera abrir una nueva ronda de negociaciones presupuestarias, aunque admiten que ese será un reto aún más exigente.
No obstante, no hay garantías de éxito. Junts mantiene rotas formalmente las conversaciones y Podemos insiste en que no dará nada por cerrado hasta leer la versión final del texto. Pero en el Gobierno confían en que la lógica de los hechos supere la retórica. En este momento, la inmigración se ha convertido en el tablero simbólico sobre el que Moncloa mueve sus fichas. Si la jugada falla, febrero puede llegar con las pensiones bloqueadas, los presupuestos paralizados y una legislatura de nuevo al borde del colapso.