En abril de 2018, la Comisión de la Ejecutiva Federal del PSOE anunció la presentación de una Proposición de ley destinada a regular la elección del presidente de la Agencia EFE mediante una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados. Además, se comprometió a establecer la comparecencia mensual del presidente ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Control Parlamentario de RTVE, proponiendo un cambio de nombre para la entidad. No obstante, esta iniciativa quedó en el olvido.

Apenas dos meses después de la promesa, el Grupo Parlamentario Socialista optó por registrar una moción de censura contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en lugar de presentar la Proposición de ley anunciada. La propuesta original, que buscaba avanzar en la neutralidad, sostenibilidad, modernidad y rentabilidad social del servicio público prestado por CRTVE, así como en la desgubernamentalización de la Agencia EFE, quedó en segundo plano.

El 25 de mayo de 2018, el PSOE presentó la moción de censura que condujo a la caída del Gobierno de Rajoy el 1 de junio de ese mismo año. El 12 de julio siguiente, propuso a Fernando Garea como presidente de la Agencia EFE, una posición que ocupó durante 19 meses. Sin embargo, la prometida Proposición de ley seguía sin registrarse, y Garea fue nombrado sin que el Congreso de los Diputados participara en su designación.

Cuando Garea fue destituido año y medio después, la prometida Ley aún no existía, y la entonces ministra portavoz, María Jesús Montero, afirmó que el Gobierno no necesitaba justificar sus acciones en relación con la independencia de EFE. Unidas Podemos, entonces socio de Gobierno, también incumplió su compromiso de impulsar el cambio en la elección del presidente de la Agencia EFE, a pesar de haber firmado un documento en enero de 2019 con PP y Ciudadanos para llevar a cabo la reforma legal.

Cinco años y medio después de aquel compromiso inicial, el Gobierno del PSOE ha vuelto a elegir al próximo presidente de la Agencia EFE de forma directa, sin señales de someterse al escrutinio del Congreso de los Diputados. La prometida reforma legal para una elección más transparente y participativa queda nuevamente en espera.