Moncloa reconoce la DANA como "emergencia nacional" en el BOE
in embargo, a pesar de esta terminología, el Ejecutivo no ha declarado oficialmente la "emergencia de interés nacional", una medida que habría permitido una mayor movilización de recursos del Estado en la gestión de la catástrofe. Este paso tampoco fue solicitado por la Generalitat Valenciana, presidida por Carlos Mazón, quien se limitó a activar el nivel 2 de alerta para la intervención de la UME (Unidad Militar de Emergencias), sin llegar al nivel 3, que implicaría la declaración de emergencia de interés nacional y centralizaría la gestión en el Ministerio del Interior.
Blindaje de la jubilación del jefe operativo de la Policía en el Real Decreto de ayudas por la DANA
En medio de las medidas de ayuda para los damnificados de la DANA, el Gobierno ha incluido una controvertida disposición en el Real Decreto ley de ayudas aprobado este lunes, que autoriza el retraso de la jubilación del comisario José Ángel González Jiménez, jefe operativo de la Policía Nacional, quien debía retirarse en diciembre al cumplir 65 años. La decisión, publicada hoy en el BOE, ha generado críticas desde el Partido Popular (PP), que acusa al Ejecutivo de "colar" este aplazamiento bajo el amparo de la "emergencia nacional" sin haber declarado formalmente la emergencia de interés nacional. Según fuentes del PP, resulta «incomprensible que esta emergencia no se haya decretado desde el inicio para asegurar la movilización de todos los recursos del Estado».
El Gobierno justifica la medida argumentando que, en la actual situación de emergencia, sería perjudicial reemplazar al director adjunto operativo (DAO) de la Policía, quien, como señala el Real Decreto, “se encuentra dirigiendo y coordinando sobre el terreno las funciones operativas de los efectivos de la Policía Nacional”. Para el Ministerio del Interior, mantener al comisario en su cargo era prioritario ante la situación de inestabilidad generada por la DANA y se convierte así en el segundo caso en el que se permite a un alto mando de las fuerzas de seguridad posponer su jubilación, práctica previamente aplicada en la Guardia Civil. Cabe recordar que, inicialmente, el Ministerio intentó incluir este cambio en la Ley de Movilidad Sostenible mediante una enmienda; no obstante, ante la proximidad de la jubilación del comisario González, el Gobierno optó por introducir la modificación en el segundo decreto de ayudas por la DANA, según informa The Objective.
Debate sobre la gestión autonómica y estatal de la emergencia
El reconocimiento de la emergencia en el BOE pone de manifiesto las diferencias en la coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en la gestión de catástrofes. Tras el impacto de la DANA en la Comunidad Valenciana, la Generalitat activó el nivel 2 de alerta, permitiendo la intervención de la UME, pero no solicitó declarar el nivel 3. Según la normativa española, en una emergencia de nivel 2, la dirección de la operación corresponde a las autoridades autonómicas. En cambio, una emergencia de nivel 3, que conlleva la declaración de interés nacional, asigna la dirección al ministro del Interior, algo que ni Mazón ni el Ministerio de Interior decidieron implementar en esta ocasión.
Este debate ha generado críticas desde la oposición, que considera que la falta de una declaración de emergencia de interés nacional puede haber limitado la respuesta estatal ante la catástrofe. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha señalado que se actuó de manera adecuada al activar el nivel 2 y solicitar la ayuda de la UME, mientras que el PP considera que una respuesta nacional centralizada habría sido más eficiente y permite canalizar recursos de una manera más organizada para apoyar a las comunidades afectadas.
Paquete de ayudas por 3.765 millones de euros para afectados por la DANA
Como parte de su respuesta ante la crisis generada por la DANA, el Gobierno ha aprobado un paquete adicional de 3.765 millones de euros en ayudas, según se detalla en el BOE. Este presupuesto estará destinado a respaldar la recuperación de las áreas afectadas y la atención a los damnificados por la catástrofe. Las ayudas incluyen financiación para la reconstrucción de infraestructuras, apoyo a la agricultura y medidas de compensación para sectores especialmente perjudicados.
La aprobación de este nuevo paquete de ayudas refleja la magnitud de los daños provocados por la DANA, especialmente en la Comunidad Valenciana y en otras regiones de la costa este de España, que han sufrido graves inundaciones, daños en viviendas, infraestructuras y pérdidas en el sector agrícola. El Real Decreto también prevé fondos para apoyar a empresas afectadas, así como medidas para mitigar futuros riesgos climáticos, en línea con los compromisos del Gobierno en materia de adaptación y resiliencia climática.