Moncloa se atrinchera y rehúye aclarar el bulo de la bomba lapa
El PP exige explicaciones tras la difusión de una noticia falsa por parte de tres ministros | El Ejecutivo responde con evasivas y se escuda en declaraciones ya conocidas
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a ofrecer explicaciones directas sobre el llamado “bulo de la bomba lapa”, difundido a finales de mayo por tres miembros del Consejo de Ministros, entre ellos la vicepresidenta primera María Jesús Montero, el ministro de Transformación Digital Óscar López, y la portavoz del Gobierno Pilar Alegría.
En su lugar, el Ejecutivo ha optado por remitir al contenido de una rueda de prensa celebrada el pasado 3 de junio, ignorando las preguntas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Entre otras cuestiones, el PP había exigido explicaciones sobre cómo y por qué se difundió una acusación falsa de intento de atentado contra el presidente del Gobierno, atribuyéndola a un exagente de la Guardia Civil.
Un bulo impulsado desde Moncloa
Los hechos se remontan a mayo, cuando los ministros socialistas acusaron al exagente de la UCO Juan Vicente Bonilla —actual responsable de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud— de haber planificado un atentado contra Sánchez con una bomba lapa.
La acusación se apoyó en una interpretación errónea y sesgada de unos mensajes de WhatsApp filtrados por el medio afín El Plural. En realidad, según reveló El Debate, el contenido mostraba una crítica irónica del exagente, en la que insinuaba que era el Gobierno quien podía querer atentar contra él.
Pese a ello, el Ejecutivo no rectificó y varios ministros reiteraron la versión falsa en medios de comunicación y comparecencias públicas. El pasado 25 de agosto, documentos publicados por El Debate confirmaron que ninguno de los ministros había verificado previamente la información, y que esta fue difundida sin contrastar, generando un grave daño reputacional al afectado.
El Gobierno se esconde tras enlaces
En tres respuestas escritas enviadas al Congreso, el Ejecutivo de Sánchez ha evitado dar explicaciones concretas. Dos de ellas repiten la misma fórmula:
«Toda la información solicitada puede consultarse en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 3 de junio», incluyendo un enlace a la transcripción oficial en el portal de La Moncloa.
La tercera respuesta cita el "Plan de Acción por la Democracia" aprobado en septiembre de 2024, como parte del marco legal para combatir los bulos. Sin embargo, la mención no guarda relación directa con las preguntas formuladas por el Partido Popular.
El PP exige rectificación, disculpas y posibles dimisiones
En las baterías de preguntas presentadas en junio, el Grupo Popular solicitaba a Montero que aclarase si lanzar acusaciones sin contrastar alimenta la desinformación y la polarización política. También pedían a Pilar Alegría que valorase pedir disculpas públicas o incluso dimitir, y reclamaban a Óscar López una explicación tras haber negado haber mencionado la expresión “bomba lapa”, pese a que hay registro público de lo contrario.
El portavoz del PP en la comisión constitucional del Congreso ha señalado que "la falta de respuesta del Gobierno es una falta de respeto al Parlamento y a la verdad". Consideran que este caso demuestra una doble vara de medir por parte del Ejecutivo, que mientras impulsa leyes para frenar la desinformación, participa activamente en su creación y difusión cuando le resulta políticamente conveniente.
¿El Gobierno contra los bulos… o su principal generador?
La controversia es especialmente grave en el contexto del nuevo proyecto legislativo del Gobierno: una ley sobre el Derecho de Rectificación y contra la Desinformación, que ha sido presentada como un escudo contra noticias falsas. No obstante, la actuación del propio Ejecutivo contradice flagrantemente los principios que dice defender, como denuncian juristas, medios independientes y organizaciones profesionales.
“¿Qué credibilidad puede tener un Gobierno que quiere combatir los bulos… y que difunde uno de los más graves de los últimos años desde el Consejo de Ministros?”, se preguntan fuentes parlamentarias.
El exagente Bonilla no ha recibido disculpas públicas ni reparación oficial. Tampoco se ha informado si los ministros implicados asumirán responsabilidades o si el Gobierno impulsará una rectificación institucional.