Moncloa abre la puerta a tecnología sin certificado europeo tras la polémica con Huawei
El Gobierno de Pedro Sánchez ha introducido discretamente una excepción normativa que permitirá autorizar la entrada en el mercado de equipos tecnológicos sin el certificado europeo de seguridad (Marcado CE) en determinadas situaciones de emergencia.
La medida aparece recogida en el Real Decreto 192/2026, publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y establece que las autoridades españolas podrán permitir el uso de determinados dispositivos si son considerados “bienes pertinentes para crisis”.
La decisión llega en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo, marcado por la polémica internacional sobre Huawei y su presencia en infraestructuras tecnológicas sensibles en España, según publica VozPopuli.
Equipos sin certificación europea
El punto más llamativo del decreto es que permite que determinados productos tecnológicos puedan introducirse en el mercado sin el Marcado CE, el distintivo que garantiza que un dispositivo cumple con los estándares de seguridad y compatibilidad de la Unión Europea.
Según el texto legal, esta excepción se aplicará únicamente cuando:
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La Comisión Europea active el modo de emergencia del mercado interior.
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Los dispositivos sean considerados tecnología estratégica o crítica.
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Las autoridades españolas autoricen expresamente su uso.
En ese escenario, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones podrá aprobar su comercialización incluso si no han completado los procedimientos habituales de evaluación de conformidad.
Durante ese periodo excepcional, los dispositivos no llevarán el marcado CE, aunque podrán ser utilizados en infraestructuras consideradas críticas.
La sombra de Huawei
La aprobación de esta excepción coincide con la controversia que rodea a la empresa tecnológica china Huawei, cuyo papel en infraestructuras digitales sensibles ha generado preocupación en Estados Unidos y varios socios europeos.
La polémica se intensificó tras conocerse que el Ministerio del Interior renovó un contrato con Huawei para el mantenimiento de los servidores OceanStor 6800V, un sistema que gestiona el almacenamiento de comunicaciones interceptadas judicialmente mediante el sistema SITEL.
Este sistema es especialmente sensible porque almacena escuchas telefónicas autorizadas por los jueces en investigaciones policiales, operaciones contra el crimen organizado y luchas antiterroristas.
La alarma en Washington
La presencia de tecnología de Huawei en sistemas sensibles españoles provocó inquietud en Estados Unidos.
Los congresistas republicanos Tom Cotton y Rick Crawford enviaron una carta a la entonces directora de la CIA, Tulsi Gabbard, solicitando revisar los acuerdos de intercambio de inteligencia con España.
El motivo era claro: si infraestructuras críticas de comunicaciones utilizan tecnología de Huawei, podría existir riesgo para la seguridad de la información compartida entre aliados.
La desconfianza occidental hacia la tecnología china
La preocupación por Huawei no es nueva.
Durante años, tanto la administración de Joe Biden como la de Donald Trump han impuesto restricciones tecnológicas a la compañía, excluyéndola de las redes 5G estadounidenses y limitando su acceso a chips avanzados.
En Europa, varios países han seguido una estrategia similar:
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Suecia prohibió su participación en redes 5G.
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Alemania endureció los controles sobre proveedores considerados de alto riesgo.
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La Comisión Europea ha recomendado aplicar medidas de precaución desde 2018.
El principal temor radica en la legislación china, especialmente en la Ley de Inteligencia Nacional, que obliga a las empresas del país a colaborar con los servicios de inteligencia del Estado si así se lo solicitan.
Un debate sobre seguridad tecnológica
En este contexto, la nueva excepción introducida por el Gobierno español ha generado inquietud en algunos sectores de ciberseguridad y regulación tecnológica.
Aunque el decreto establece que el uso de estos dispositivos solo se permitirá en situaciones excepcionales, algunos expertos advierten de que podría abrir la puerta a la introducción de tecnología crítica sin los controles técnicos habituales de la Unión Europea.
La medida pretende evitar bloqueos en el suministro de dispositivos estratégicos durante crisis geopolíticas, sanitarias o industriales.
Sin embargo, la coincidencia temporal con la polémica sobre Huawei ha convertido la decisión en un nuevo foco de debate político y diplomático.