El ministro Torres, en la cuerda floja por la trama del petróleo venezolano

Las acusaciones populares del caso hidrocarburos han solicitado al juez Santiago Pedraz que cite a declarar al actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por su presunta implicación en una red para exportar petróleo venezolano a través de Canarias.

La solicitud, adelantada por The Objetive, incluye también la declaración como testigos de Koldo García, el exjefe de Gabinete de la ministra Reyes Maroto, y otros 32 investigados vinculados a la concesión de licencias y al intento de montar una refinería en Tenerife.

Vuelos privados y reuniones sospechosas

Según consta en el escrito presentado el 10 de julio por Hazte Oír —que ejerce la dirección letrada— junto a Liberum, PP y Vox, Torres habría participado en al menos cuatro reuniones con Víctor de Aldama y Claudio Rivas, cabecillas de la trama. Dos de estos encuentros se celebraron en Madrid, y los otros dos en Canarias.

Una de las testigos clave, Carmen Pano, afirmó ante la Guardia Civil que el entonces presidente de Canarias voló a Tenerife en avión privado costeado por Aldama. En ese viaje le acompañaron Rivas y la esposa de este, Stella Duarte.

La ambición de controlar el crudo venezolano

La finalidad de estas reuniones era, supuestamente, instalar un amarre petrolero en Tenerife para importar crudo desde Venezuela —con escalas en República Dominicana— y comercializarlo posteriormente en España. También se planeaba introducir cargamentos de crudo ruso procedente de Georgia, camuflados con bandera de conveniencia.

Según Pano, el proyecto fracasó porque no se concretó la instalación de la refinería, que era esencial para cumplir con los estándares medioambientales de la UE.

Villafuel y la sombra de las licencias irregulares

La red operaba a través de la empresa Villafuel, intervenida por la Agencia Tributaria tras un presunto fraude de 231 millones de euros. Rivas y Aldama intentaron crear otras dos firmas —Combustibles Peninsulares SL y Saguntoil SL— para obtener nuevas licencias de operadora, que finalmente no lograron.

En este entramado aparece también el nombre de Juan Ignacio Díaz Bidart, ex jefe de Gabinete de Maroto, quien habría participado en una reunión con los responsables de Villafuel para facilitar licencias, según el relato de las acusaciones.

La testifical de Díaz Bidart, como la de Koldo García, también ha sido solicitada por las acusaciones para esclarecer si el exministro Ábalos impulsó estas gestiones desde su departamento.

El papel de Ferraz y la fontanera del PSOE

Las acusaciones han pedido también la declaración de Leire Díez, conocida como "la fontanera del PSOE", por haber entregado en la sede de Ferraz un pendrive con información relacionada con varias causas judiciales, incluida la de los hidrocarburos. Su nombre aparece como posible integrante de un grupo interno que podría estar interfiriendo en los procedimientos judiciales.

Además, se solicita la imputación de 27 empresarios y operadores vinculados a la red, entre ellos los conocidos como "los tres mosqueteros": Javier Serrano, Ignacio Díaz Tapia y César Moreno.

Un gobierno cercado por los escándalos

Este nuevo giro en el caso hidrocarburos golpea directamente al núcleo del Gobierno de Pedro Sánchez, ya cercado por otras investigaciones como la trama Koldo y los contratos sanitarios en pandemia. La figura de Ángel Víctor Torres, hasta ahora escudado tras su cargo ministerial, se encuentra en una situación comprometida que podría provocar consecuencias institucionales de gran calado.Mientras tanto, la sociedad asiste con estupor al avance de una corrupción transversal que amenaza la confianza en el Estado de Derecho.