Concentración histórica: miles de jueces y fiscales claman contra la ‘Ley Bolaños’ ante el Supremo
Con pancartas, togas y un manifiesto común, el mundo judicial ha protagonizado una movilización inédita en defensa de la separación de poderes y en contra de lo que consideran una “injerencia política directa”
Entre 8.000 y 10.000 jueces, fiscales, abogados y ciudadanos se han concentrado este sábado frente a la sede del Tribunal Supremo, en una de las mayores manifestaciones del ámbito judicial en democracia, para expresar su rechazo a la conocida como ‘Ley Bolaños’. La protesta, organizada por las cinco principales asociaciones judiciales y fiscales del país, ha reivindicado la defensa de la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes y el respeto al principio de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal.
Un manifiesto unánime en defensa del Estado de Derecho
La concentración ha sido convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). A ellas se han sumado colectivos como Inspectores de Hacienda del Estado, Letrados de la Administración de Justicia, Sindicatos de la Policía Nacional y de Inspectores de Trabajo, así como la plataforma ‘Las mil y una togas’, con más de 2.000 jueces y fiscales no asociados.
“Estamos aquí para defender lo de todos”, proclamaba el manifiesto, que fue leído por representantes de cada una de las asociaciones. “No protestamos por privilegios ni por mejoras laborales, sino por la preservación de la Justicia como pilar esencial de la democracia”, subrayaron.
“Sin Estado de Derecho no hay democracia”
Bajo una pancarta con ese lema, la presidenta de la APM, María Jesús del Barco, denunció que el proyecto de ley del Gobierno “pretende desmantelar las garantías constitucionales que protegen a los ciudadanos del abuso de poder”. Del Barco recordó que la Constitución de 1978 se asentó sobre tres pilares fundamentales: el imperio de la ley, la separación de poderes y un Poder Judicial independiente de toda injerencia política.
“Esa independencia no es un capricho, es la condición necesaria para proteger los derechos fundamentales”, advirtió, señalando que los recientes proyectos del Ejecutivo “ponen en riesgo esa función esencial”.
Críticas a una reforma “injustificada y peligrosa”
Sergio Oliva, portavoz de la AJFV, arremetió contra el proyecto de reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal, al que calificó de “injustificado, improvisado y altamente perjudicial”. El magistrado recordó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un informe técnico “demoledor” contra la iniciativa.
“Se quiere rebajar el nivel de exigencia, sustituir el esfuerzo por la discrecionalidad y abrir la puerta a procesos más susceptibles de filtraciones e influencias políticas”, explicó Oliva. El Gobierno, denunció, “pretende intervenir directamente en la selección de los jueces”, a través de la creación de un centro de formación de opositores dependiente del Ejecutivo, lo que supone una “grave amenaza de colonización ideológica del poder judicial”.
“El fiscal general, un instrumento del Gobierno”
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, alertó de que el segundo anteproyecto del Ejecutivo busca “otorgar un poder sin precedentes al fiscal general del Estado, nombrado directamente por el Gobierno, sin filtros ni garantías de imparcialidad”.
“Se quiere eliminar la autonomía de los fiscales, darles el mando de la Policía Judicial y encomendarles la instrucción penal en sustitución de los jueces”, explicó Dexeus. Esto, añadió, “no es una modernización del sistema, sino una recentralización del control penal en manos del Gobierno”, con consecuencias devastadoras para las causas de corrupción.
“Una Fiscalía del Estado, no del Gobierno”
El portavoz de la APIF, Miguel Pallarés, insistió en que la independencia del Ministerio Fiscal “no es un derecho corporativo, sino una garantía para los ciudadanos”. Reivindicó una Fiscalía “verdaderamente imparcial, ajena a toda injerencia política”, al servicio del interés general.
“La política debe sacar sus manos de la Justicia”, clamó, advirtiendo que la concentración de poder en la cúspide del Ministerio Fiscal “es incompatible con las exigencias de la Unión Europea y del Estado de Derecho”.
Camino a la huelga nacional
Los convocantes advirtieron que, de no producirse la retirada inmediata de los anteproyectos de ley, se verán obligados a iniciar una huelga, cuya primera convocatoria será los días 1, 2 y 3 de julio. La protesta, explicaron, no busca beneficios personales, sino preservar la integridad de las instituciones y el buen funcionamiento de la Justicia.
Fernando Portillo, de FJI, subrayó que “los jueces y fiscales no queremos la huelga, pero no nos dejan otra opción”. Reclamó también un refuerzo urgente de los medios personales y materiales, denunciando que la Justicia española sufre una carencia estructural de plazas, tecnología y recursos que dificulta gravemente el acceso del ciudadano a una tutela judicial efectiva.
Un mensaje a toda la sociedad
Como colofón, los representantes de las asociaciones lanzaron un mensaje de unidad institucional y llamaron a la ciudadanía a defender una Justicia fuerte, independiente y al margen del poder político.
“Gracias a todos los compañeros y compañeras que hoy han dado un paso al frente. Gracias a los ciudadanos que han entendido que esto no va de corporativismo, sino de democracia”, proclamaron.
“El Estado de Derecho no es ni de izquierdas ni de derechas: es de todos”, concluyó el portavoz de FJI, arrancando el aplauso de una plaza abarrotada, en una jornada que ya ha sido calificada como “un punto de inflexión en la relación entre la Justicia y el poder político”.