Mentiras, lagunas y pruebas desaparecidas: el juicio que acorrala a García Ortiz
Según publica El Debate, el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha entrado en una fase clave marcada por la revelación de lo que algunos magistrados ya califican, sin ambages, como «una operación de Estado» orquestada para debilitar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, usando como ariete la situación fiscal de su pareja, Alberto González Amador.
El caso, que se instruye en el Tribunal Supremo, ha puesto bajo los focos las maniobras internas de la Fiscalía, el papel de altos cargos de Moncloa, y el manejo presuntamente ilegal de datos confidenciales de un ciudadano privado. Todo ello enmarcado en una estrategia gubernamental que, «a costa de vulnerar derechos fundamentales», habría buscado desgastar políticamente a la líder autonómica más incómoda para Pedro Sánchez.
La filtración del 12 de marzo: origen de la tormenta
«La nota de prensa de la Fiscalía y la publicación del mail mataron públicamente a González Amador», declaró el propio empresario ante el Supremo, acusando al fiscal general de haber roto su presunción de inocencia.
Aquella primera información, revelada el 12 de marzo de 2024 por un medio digital, solo pudo salir de dos fuentes: la Fiscalía o la Agencia Tributaria. Pero el juicio ha dejado claro que, en ese momento, ya Moncloa estaba al tanto de todo.
Prueba de ello es que, incluso antes de que la información estuviera publicada, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, arremetía contra Díaz Ayuso en los pasillos del Congreso, acusándola de vivir en un piso pagado con fraude fiscal. «El mensaje estaba claro: había que abrir fuego político, sin importar los métodos», subraya El Debate.
Pilar Sánchez Acera, el correo y el ‘parapeto periodístico’
Una de las claves del caso ha sido la actuación de Pilar Sánchez Acera, exjefa de gabinete de Óscar López. Según ha podido reconstruir El Debate, fue ella quien filtró a Juan Lobato, entonces líder del PSOE madrileño, el correo electrónico enviado por el abogado Carlos Neira al fiscal Julián Salto, en el que se negociaba un pacto de conformidad por parte de González Amador.
Ese correo contenía datos sensibles y nunca debió ser divulgado públicamente. Sin embargo, Sánchez Acera lo entregó a Lobato, quien a su vez lo usó en la Asamblea de Madrid para atacar a Díaz Ayuso.
Para dar apariencia de que la información no venía del Gobierno ni de la Fiscalía, se orquestó —según esta reconstrucción— una maniobra con El Plural, que publicó el contenido casi en paralelo a la nota oficial de la Fiscalía, «como si de una investigación periodística se tratase», cuando en realidad se trataba de una filtración deliberada con objetivo político.
Amnesia y móviles desaparecidos
En su comparecencia ante el Supremo, Pilar Sánchez Acera declaró que no recuerda quién le pasó el pantallazo del correo. Además, afirmó que «perdió toda la información» al cambiar de móvil. Una explicación que ha generado más sospechas que certezas.
Porque, según reveló El Debate, fue precisamente el móvil de la fiscal Pilar Rodríguez —jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid— el que conservó los mensajes clave que documentan la cadena de envíos, incluyendo comunicaciones directas con el propio García Ortiz, quien le pedía, literalmente, que le reenviara el correo de Neira «a su cuenta personal de Gmail».
El fiscal general, sin embargo, ha cambiado varias veces de dispositivo. Las pruebas desaparecieron.
Testigos dispuestos a «inmolarse»
La ausencia de pruebas directas ha sido en parte suplida por el testimonio de varios periodistas, quienes han asumido —sin obligación legal— que la fuente no fue García Ortiz, sino el entorno de Ayuso. Una versión que contradice el resto de los indicios y que algunos ven como un acto de encubrimiento premeditado, más político que profesional.
«En este juicio no solo se enjuicia a una persona. Se pone a prueba el funcionamiento del Estado de Derecho cuando las instituciones, y especialmente la Fiscalía, se pliegan al poder político», afirma un abogado de la acusación consultado por El Debate.
«Sácaselo», la orden del Gobierno a Lobato
En uno de los momentos más reveladores de la causa, Sánchez Acera justificó la entrega del correo a Lobato como una «obligación institucional». Según su declaración, el objetivo era que el entonces portavoz socialista en la Asamblea preguntara a Ayuso sobre la situación fiscal de su pareja:
«Sácaselo», le ordenó.
Lobato no quería hacerlo sin saber de dónde venía el documento. Según las conversaciones recuperadas, preguntó varias veces por el origen. «¿Pero esto se ha publicado en algún medio? ¿Tiene fecha? ¿Quién nos lo da?»… No recibió respuesta clara, solo que «los medios lo tienen» y que «va a salir ya». A las pocas horas, así fue. Lobato lo usó en el Parlamento, y después dimitió.
El proceso contra García Ortiz ha expuesto las debilidades estructurales de la Fiscalía General del Estado y ha reforzado la percepción de que su independencia ha sido gravemente comprometida.
Y aunque el fiscal general se siente hoy en el banquillo, la instrucción ha dejado claro que no fue el único implicado. Móviles reseteados, mensajes borrados, testimonios contradictorios, prensa instrumentalizada y cargos públicos ejerciendo de correos confidenciales… Todo un caso de libro sobre cómo no debe funcionar una democracia sana.