Medio millón de ilegales a punto de ser regularizados: la Policía advierte de un “efecto llamada”
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos para impulsar una regularización extraordinaria de inmigrantes ha generado un fuerte rechazo en el seno de la Policía Nacional, cuyos sindicatos advierten de las consecuencias operativas, de seguridad y sociales que puede acarrear esta medida. Los representantes policiales denuncian la falta de medios, critican el procedimiento adoptado y alertan del riesgo de que se produzca un “efecto llamada” aprovechado por las mafias de tráfico de personas.
Hasta medio millón de inmigrantes
El real decreto impulsado por el Ejecutivo, cuya tramitación se inicia este martes en el Consejo de Ministros, permitirá regularizar a personas en situación irregular que acrediten al menos cinco meses de residencia en España. El plan podría beneficiar a hasta medio millón de personas, según cálculos aproximados.
Desde el sindicato Jupol, mayoritario en el Cuerpo, se asegura que esta medida “supone un balón de oxígeno para las mafias” que se lucran con la desesperación de quienes emprenden rutas migratorias peligrosas. “Este tipo de anuncios son utilizados como argumento comercial por las redes criminales, que ya explotan las expectativas de regularización para atraer a nuevos migrantes”, afirman.
"Impacto directo" sobre una policía "saturada"
Más allá del posible efecto en la inmigración irregular, los sindicatos advierten de las repercusiones internas para la Policía. “No hay medios reales para asumir esta carga de trabajo”, denuncian, especialmente en las unidades de Extranjería y Fronteras, que serían las encargadas de tramitar las solicitudes, verificar documentación y revisar situaciones administrativas.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) remarca que este nuevo proceso se añade a una estructura “ya desbordada en buena parte del territorio nacional” y critica que el Gobierno no haya detallado cómo se articulará operativamente esta regularización.
"No diseñamos la política migratoria, pero asumimos sus consecuencias"
El SUP recuerda que, si bien la Policía no decide la política migratoria, es quien “soporta sus consecuencias”. En este sentido, consideran que la decisión se ha tomado de forma precipitada, “sin planificación ni refuerzo de personal o recursos”.
El sindicato también critica que este pacto se haya alcanzado con Podemos, una formación a la que acusan de “haber desacreditado sistemáticamente” a los cuerpos policiales. “Nos han tildado de racistas en varias ocasiones, lo cual es una acusación falsa, injusta y profundamente irresponsable”, señalan.
Inquietud por la seguridad: antecedentes e investigaciones
Otro de los puntos señalados como preocupantes es la condición de no tener antecedentes penales para acceder a la regularización. Desde el SUP recuerdan que “carecer de antecedentes no significa no haber delinquido” y que puede haber personas investigadas o vinculadas a delitos que no han sido condenadas y podrían beneficiarse del proceso.
Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) alerta de que esta decisión rompe un consenso político de más de dos décadas en materia migratoria y aleja a España de la estrategia común europea, basada en la ordenación de flujos migratorios y la firmeza frente a la inmigración irregular.