Una mafia dentro del Estado: rescates millonarios a dedo y beneficios inmobiliarios entre socialistas
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha identificado al menos cinco operaciones presuntamente delictivas vinculadas a la trama de corrupción que salpica a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y a varias empresas públicas, según publica El Mundo. En el centro de las investigaciones figuran tres nombres clave: Leire Díez, exconsejera socialista apodada “la fontanera del PSOE”, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y Antxon Alonso, empresario vasco y socio del exdirigente Santos Cerdán.
La operación más relevante bajo sospecha es el rescate público de 113 millones de euros a la empresa vasca Tubos Reunidos, uno de los diez mayores realizados por el Gobierno tras la pandemia. Según sostiene la UCO, el trío de investigados habría cobrado comisiones ilegales por facilitar esta operación, a través de la sociedad instrumental Mediaciones Martínez.
Red de favores y beneficios inmobiliarios
Los investigadores apuntan a que los fondos obtenidos como comisión, valorados en 115.000 euros, fueron canalizados e invertidos en inmuebles en Marbella y Jaca, tanto de forma individual como conjunta. La Guardia Civil detalla además la existencia de un grupo privado de WhatsApp bautizado como Hirurok (“los tres”, en euskera), en el que los investigados coordinaban su estrategia.
Las comisiones atribuidas a Alonso ascienden a 266.000 euros, algunas de las cuales habrían sido utilizadas para reformar su vivienda. Fernández, por su parte, ha declarado ante el juez que prestaba asesorías externas y cobraba por ello 5.000 euros mensuales, negando cualquier vínculo con las sociedades pantalla utilizadas para cobrar los pagos.
Díez y Alonso se acogieron a su derecho a no declarar, alegando falta de acceso completo a las diligencias.
Otras cuatro operaciones bajo el foco
Junto al caso Tubos Reunidos, la UCO revisa otras cuatro operaciones:
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Contrato adjudicado en Asturias por 2,8 millones de euros, con presuntas mordidas de hasta 400.000 euros.
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Contrato ficticio en Mercasa por 18.000 euros a favor de Servinabar.
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Actividad sospechosa en Enusa, empresa pública donde trabajó Leire Díez antes de pasar a Correos.
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Ayudas al Grupo Forestalia, cuya sede en Zaragoza fue registrada esta semana.
En todos los casos, se sospecha que los investigados utilizaron su influencia dentro de la administración pública para facilitar adjudicaciones o rescates a cambio de comisiones ilegales.
Libertad con medidas cautelares
El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, dejó en libertad provisional a los tres arrestados, tras rechazar la Fiscalía Anticorrupción solicitar prisión. Se les ha impuesto retirada de pasaporte, comparecencias quincenales y prohibición de salir del país.
La causa sigue bajo secreto de sumario y la Audiencia Nacional no descarta ampliar el número de imputados. En paralelo, la empresa Tubos Reunidos ha emitido un comunicado desvinculándose de los implicados, aunque ha confirmado que en el pasado mantuvo un contrato con Fernández.
El caso se suma a una semana crítica para el PSOE, con detenciones, registros judiciales y múltiples frentes judiciales abiertos que amenazan con profundizar la crisis del Gobierno.