La nueva Ley de Memoria Democrática cuyo anteproyecto aprobó ayer el Consejo de Ministros prevé declarar «nulos de pleno derecho» los juicios sin garantías del franquismo, transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil y destinar fondos para recuperar restos de las fosas comunes. Son algunos de los puntos más destacados de una norma que prohibirá también aquellas fundaciones o asociaciones que reciban fondos públicos y «que promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales», algo que ya ocurre en otros países europeos.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el nuevo texto, que ahora recibirá el informe previo del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, plantea también suprimir todos los títulos nobiliarios relacionados políticamente con la dictadura, como el Ducado de Franco. La norma también prevé retirar condecoraciones a personas relacionadas con el régimen franquista y que recibieron esas menciones por su actividad en contra de la democracia, como fue la concedida en su día al policía fallecido «Billy el Niño». Además, se transformará el actual Panteón de Hombres Ilustres en un «Panteón de España» donde se reconozca el valor histórico de hombres y mujeres españoles de la política, la ciencia o las artes, en tanto que el Valle de los Caídos se convertirá en un cementerio civil, en el que se rinda homenaje a las cerca de 30.000 víctimas de ambos bandos que reposan en la cripta. De la gestión de la basílica se encargará Patrimonio Nacional, de modo que la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, dirigida por benedictinos, «se extinguirá», en palabras de Calvo, al perder su misión fundacional.

La habilitación de un banco de ADN que facilite la identificación de los restos todavía pendientes de recuperación en miles de fosas comunes aún no exhumadas y la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para proteger los derechos de las víctimas de la represión y la dictadura son otras novedades de esta iniciativa. Además, se incluye el establecimiento de dos fechas conmemorativas, el 31 de octubre, cuando las Cortes aprobaron la Constitución, y el 8 de mayo, fecha de la liberación europea del nazismo, para recordar a las víctimas de la dictadura y a los exiliados españoles, respectivamente Calvo ha anticipado que el desarrollo de esta nueva norma, que actualiza la Ley de Memoria Histórica de 2007, será muy largo, y como se tardará «mucho tiempo» en aplicar, se prevén planes cuatrienales que garanticen su viabilidad presupuestaria y culminar la pretendida reparación de las víctimas del franquismo.

Se trata, ha enfatizado la vicepresidenta, de un «texto urgente» porque la democracia «no podía permitirse seguir un día más sin tener encima de la mesa una ley como ésta» que va a permitir «homologar» la democracia española a las más avanzadas del mundo, al tener muy en cuenta la normativa de defensa de derechos humanos. En esta línea, la norma incluye la atención a colectivos especialmente reprimidos por la dictadura, como mujeres u homosexuales, así como la etnia gitana y se contará, ha dicho Calvo, con las asociaciones de la Memoria para su impulso. La protección de los archivos que permitan recuperar ese legado, como los archivos de los expresidentes del Gobierno durante el periodo democrático, el impulso a la investigación de episodios históricos represivos, e incluso el retorno a España de fondos documentales del exilio también se incorporan a esta Ley de Memoria Democrática. Mención aparte tendrá el ámbito educativo, ya que el estudio de la Memoria Democrática se incorporará al currículum de la educación secundaria y el bachillerato y también a la formación del profesorado. 

A diferencia de la Ley de Memoria Histórica en vigor, aprobada durante el mandado de José Luis Rodríguez Zapatero, el anteproyecto prevé un régimen sancionador, con multas de hasta 150.000 euros. Por otro lado, Izquierda Unida se ha felicitado por la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de Memoria Democrática, pero no ha ocultado su intención de que el Congreso acabe aprobando una norma más ambiciosa que la que ha empezado a preparar el Gobierno de coalición.

Así lo ha señalado la responsable federal de Memoria Democrática de IU, Esther López Barceló, quien ha admitido que el texto aprobado este martes supone un «importante avance cualitativo» respecto la «limitada» y vigente Ley de Memoria Histórica. La dirigente de la formación que lidera el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha mostrado «especialmente satisfecha» por la inclusión en el anteproyecto de gran parte de las propuestas de IU, pero ha avanzado su intención de aprovechar el trámite parlamentario, cuando norma sea un proyecto y llegue al Congreso, para mejorarla.

Tras recordar que esta norma no sería posible sin la lucha de las víctimas y asociaciones memorialistas, López Barceló ha indicado que desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos seguirán defendiendo cuestiones como la anulación de los artículos de la Ley de Amnistía que en los que se basan los tribunales para obstaculizar la investigación de los crímenes.