El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Carlos Lesmes, ha asegurado este lunes que no quiere ocupar una de las plazas vacantes en el Constitucional y ha denunciado maniobras para hacerle "tambalear" en su exigencia de que el Consejo elija a los dos magistrados que le corresponden en la renovación de ese tribunal.

"Hay que cumplir la ley", ha subrayado Lesmes en declaraciones a los periodistas antes de la toma de posesión del nuevo fiscal general, en las que ha afirmado que hay suficientes candidatos para ocupar esas plazas y ha confiado en que las negociaciones de esta semana desemboquen en un acuerdo.

El presidente del CGPJ se ha mostrado visiblemente molesto con las informaciones publicadas sobre sus supuestas aspiraciones a entrar en el TC y sobre el posible boicot de vocales conservadores del Consejo al nombramiento de los magistrados para ese tribunal. Son, ha dicho, movimientos para mediatizarle y hacerle "tambalear" en su exigencia de que se cumpla la ley y el Consejo designe a sus candidatos.  

El magistrado respondía con estas palabras a la información publicada este lunes por El Mundo, según la cual estaría recibiendo presiones del Ejecutivo para que el CGPJ nombre a los dos vocales del TC a cambio de ser promocionado para ocupar el asiento que el Catedrático Alfredo Montoya ha dejado libre en el tribunal de garantías. 

El presidente del Supremo ha asegurado que no sabe si algún miembro del Ejecutivo ha dicho eso, pero ha asegurado que en el Gobierno saben "perfectamente" que no está interesado en la candidatura, porque él mismo lo ha puesto "de manifiesto".

Lesmes ha negado que sus esfuerzos por que el CGPJ cumpla con los plazos impuestos por el Ejecutivo y vote a los dos magistrados correspondientes para acceder al TC escondan intereses personales relacionados con su carrera. El magistrado ha afirmado, por el contrario, que su interés en deliberar en el plazo indicado se debe a que no entiende que el órgano de los jueces se ponga "en rebeldía" y a que "debe cumplir la ley aunque no le guste". A pesar de todo, Lesmes ha reconocido la dificultad de que se llegue a un acuerdo. 

El presidente del Poder Judicial ha aprovechado su intervención para señalar la "insostenible e inaceptable" situación de la justicia española, consecuencia de la no renovación del órgano que dirige, que va camino de cumplir cuatro años de caducidad. Por cuarta vez consecutiva recibirá el magistrado al rey Felipe VI en la apertura del año judicial con el Consejo caducado. El acto, que tendrá lugar el próximo 7 de septiembre, constituye el evento formal más importante del calendario de este órgano. Lesmes ha hablado este lunes de un "panorama desolador" para el CGPJ y se ha mostrado falto de esperanza de cara a su renovación.

"Dentro de poco habrá salas del Supremo que no podrán componer con regularidad sus secciones y en meses el Tribunal Militar Central se habrá quedado sin la totalidad de sus miembros y no se podrá reunir", ha denunciado Lesmes, que ha responsabilizado al Congreso, al Senado y a los partidos políticos del estancamiento del Poder Judicial. 

Feijóo acusa al Gobierno de "chantaje"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado a la información publicada por El Mundo este lunes exigiendo a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que dé explicaciones "de forma inmediata" y desmienta que se esté presionando Carlos Lesmes. El presidente del Partido Popular ha hablado de un "chantaje incompatible con el respeto a la independencia judicial" sin precedentes, según ha afirmado, "en 40 años de democracia". 

Feijóo ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "amenazas y chantajes" contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de haber intervenido la institución para controlar la mayoría del Tribunal Constitucional (TC) y evitar que algunas leyes sean declaradas inconstitucionales. "Las amenazas y chantajes por parte del Gobierno son inadmisibles, al Consejo General del Poder Judicial, a algunas compañías, a la oposición. No se puede amenazar y chantajear a nadie", ha sentenciado el líder popular durante su intervención en un desayuno informativo.

A sus ojos, el Gobierno pretende "controlar desde punto de vista numérico el Constitucional para evitar que leyes recurridas puedan tener una sentencia de inconstitucionalidad".