Koldo y Ábalos, frente común contra el informe que originó su caída política
El exasesor socialista acusa a dos funcionarias del departamento que dirige Óscar Puente de falsear un informe clave para incriminarle en el ‘caso Koldo’
Koldo García, antiguo asesor del Ministerio de Transportes y figura central en el conocido ‘caso Koldo’, ha presentado una querella criminal por presunta falsedad documental y falso testimonio de perito contra dos funcionarias del actual ministerio que dirige Óscar Puente. El escrito fue presentado el 30 de julio ante un juzgado de instrucción de Madrid y apunta directamente a la auditoría interna elaborada por la Subdirección General de Inspección de los Servicios sobre la compra de mascarillas durante la pandemia.
El contenido de la querella, al que ha accedido OKDIARIO, coincide en su fundamento con la ya interpuesta por José Luis Ábalos, exministro de Transportes. Ambos señalan que el informe en cuestión, fechado el 19 de agosto de 2024, fue manipulado con intención incriminatoria para sostener las acusaciones judiciales que han derivado en un proceso de enorme impacto político.
Discrepancias con el Tribunal de Cuentas y omisión de documentos clave
Según el escrito, el informe ministerial entra en clara contradicción con las conclusiones del Tribunal de Cuentas, que en octubre de 2022 validó la legalidad de la tramitación de emergencia para los expedientes en cuestión. El tribunal subrayó que el procedimiento fue “justificado tanto formal como materialmente”, mientras que la auditoría interna sostiene que “no se cumplieron los requisitos exigibles”.
Koldo García denuncia también la ocultación deliberada de un documento técnico crucial: el cuadro de previsión de necesidades de mascarillas elaborado por los órganos técnicos del ministerio el 19 de marzo de 2020. Esta omisión, según la defensa del querellante, impidió contextualizar adecuadamente el aumento de compras durante los días más críticos de la pandemia.
Testimonios alterados y método cuestionado
Uno de los elementos más llamativos de la querella reside en la denuncia de tergiversación de declaraciones realizadas por altos cargos, como Michaux Miranda, exdirector de ADIF, y Isabel Pardo de Vera, ex secretaria de Estado de Transportes. Ambos comparecieron ante la Audiencia Nacional para denunciar que sus declaraciones fueron descontextualizadas y reformuladas con una lógica “capciosa”, alejándose de la imparcialidad que se espera en una auditoría técnica.
Pardo de Vera fue contundente: “No responde a lo que es una auditoría en sí misma... es un documento incompleto que no se ajusta a los estándares que he conocido en 20 años de experiencia administrativa”.
Un informe redactado sin respaldo normativo vigente
La querella también pone el foco en un vacío legal. El encargo de la auditoría se realizó el 27 de febrero de 2024, apenas seis días después de la detención de Koldo García. Sin embargo, el Real Decreto que daba competencias al órgano auditor no entró en vigor hasta el 12 de marzo. Este desfase temporal cuestiona la validez jurídica del informe como elemento probatorio en procesos judiciales o investigaciones parlamentarias.
Como evidencia adicional, la defensa incorpora audios publicados por La Razón en mayo de 2025. En uno de ellos se escucha: “Ella utiliza la inspección y luego hace el informe y pone lo que le da la gana”. Estos registros, según los abogados de Koldo, apuntalan la tesis de manipulación intencionada para alimentar una narrativa de culpabilidad construida desde el aparato administrativo.
La querella no sólo busca desacreditar el informe, sino exponer una supuesta estrategia político-administrativa para fabricar indicios incriminatorios, en un momento de alta tensión judicial para el entorno del PSOE.