La justicia va tras Plus Ultra y mira a Zapatero: ¿qué se esconde tras el rescate millonario?
La Fiscalía Anticorrupción ha asumido la investigación sobre el controvertido rescate público a la aerolínea Plus Ultra, una compañía de pequeño tamaño y con vínculos con capital venezolano, que recibió 53 millones de euros de fondos públicos en marzo de 2021. Este giro se produce tras años de vaivenes judiciales, archivos y maniobras que dejaron en entredicho la actuación de organismos públicos, según publica The Objective.
La investigación se dirige ahora desde el Juzgado de Instrucción n.º 15 de Madrid, con la jueza Esperanza Collazos al frente, y bajo la dirección de la fiscal Elena Lorente, miembro de la Fiscalía Anticorrupción. Este departamento —más independiente que la Fiscalía Provincial— instruye también casos como el de Koldo García o la trama SEPI, y ahora ha puesto la lupa en posibles operaciones de blanqueo de dinero a través del rescate a Plus Ultra.
Cambio de rumbo tras el archivo inicial
La causa actual está directamente relacionada con el expediente archivado en enero de 2023, cuando el procedimiento fue cerrado por un defecto de forma en la prórroga de la instrucción. Entonces, la Fiscalía Provincial de Madrid y la Abogacía del Estado solicitaron repetidamente el archivo, argumentando la falta de indicios de delito.
Durante esa primera fase, la fiscal María Luisa Llop jugó un papel clave. En agosto de 2021, solicitó el levantamiento de la suspensión que impedía completar el rescate, permitiendo así que la SEPI desembolsara el tramo final de 34 millones de euros. Pocos meses después, Llop fue premiada con un destino en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, decisión adoptada por el entonces fiscal general Álvaro García Ortiz.
Blanqueo de capitales con origen venezolano
La nueva línea de investigación parte de la hipótesis de que parte de los fondos públicos pudieron ser desviados para saldar préstamos concedidos por sociedades offshore, algunas de ellas ubicadas en Suiza o Reino Unido, presuntamente vinculadas a una organización criminal internacional con conexiones en Venezuela.
Según fuentes jurídicas citadas por The Objective, este movimiento convierte al caso en una pieza de mayor calado político y económico. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el dinero público podría haberse usado para reintegrar fondos de origen ilícito, introduciéndolos en el circuito financiero legal.
Zapatero, en el trasfondo de la investigación
Una derivada especialmente sensible de esta nueva fase del caso es la posible implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que mantiene vínculos públicos con empresarios venezolanos cercanos a Plus Ultra. Informes de la Guardia Civil citados por el medio hablan de una «explosión controlada» del caso para evitar salpicar a Zapatero, lo que ha alimentado las sospechas de interferencia institucional en la primera investigación.
Mayor independencia, mayor presión judicial
El hecho de que el caso esté ahora en manos de Anticorrupción y no de la Fiscalía Provincial supone un punto de inflexión. Este cambio, como subrayan fuentes del entorno judicial, garantiza una mayor autonomía en la dirección de las pesquisas y complica cualquier intento de influencia externa sobre el procedimiento.
Además, la investigación ha sido reabierta como una nueva pieza separada, lo que permite a la jueza Collazos continuar las pesquisas sin las trabas legales que forzaron el archivo anterior.
El rescate a Plus Ultra, aprobado por el Consejo de Ministros mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), fue criticado desde el inicio por la escasa relevancia de la aerolínea en el mercado español y las graves dudas sobre su solvencia. Aun así, recibió 53 millones de euros, una cifra solo justificada por su supuesta condición de empresa estratégica.
Ahora, la instrucción se centra en verificar el uso real de esos fondos y en determinar si fueron empleados, en parte, para blanquear capitales procedentes de actividades ilícitas vinculadas con Venezuela.