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La Justicia obliga al Gobierno a investigar los intereses de Sánchez en el rescate de Air Europa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno. / Fernando Sánchez
La sentencia cuestiona la inacción de la Oficina de Conflicto de Intereses, que ahora deberá analizar posibles vínculos entre el presidente y la aerolínea beneficiada con 475 millones de euros

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictaminado que el Gobierno debe abrir una investigación formal sobre el posible conflicto de intereses de Pedro Sánchez en relación con el rescate millonario de Air Europa. La decisión judicial estima el recurso presentado por el Partido Popular, que denunciaba que el presidente del Gobierno impulsó la ayuda estatal a la aerolínea mientras su esposa mantenía vínculos económicos con la empresa beneficiaria.

La resolución judicial y su alcance

Según ha publicado Vozpópuli, la sentencia rechaza la alegación de inadmisibilidad presentada por el Abogado del Estado y ordena la retroacción de las actuaciones a la recepción de la denuncia inicial, lo que implica que la Oficina de Conflicto de Intereses deberá reanudar y completar la investigación.

Los jueces avalan así la tesis del PP, que considera que existía una base suficiente para haber activado los mecanismos legales previstos ante la sospecha de un conflicto entre el interés público y los vínculos personales del jefe del Ejecutivo.

Contexto del rescate

El rescate de Air Europa, gestionado a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, supuso una inyección de 475 millones de euros en 2020. El Gobierno justificó la operación alegando la relevancia estratégica de la aerolínea para el turismo y la conectividad nacional.

No obstante, se generaron dudas sobre la imparcialidad del proceso, después de que trascendiera que Begoña Gómez, esposa del presidente, recibía ingresos o mantenía relación profesional con entidades vinculadas a la aerolínea.

Implicaciones políticas y administrativas

El fallo judicial es significativo porque obliga a la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, a actuar, cuando previamente había rechazado iniciar ningún procedimiento.

Además, abre una vía para que el caso sea objeto de escrutinio administrativo y político, en un momento de elevada tensión entre el Gobierno y la judicatura por otras causas judiciales abiertas relacionadas con el entorno del Ejecutivo.

La decisión del TSJM representa un revés judicial para el Gobierno, que ahora se ve forzado a permitir que una institución oficial investigue una posible incompatibilidad directa del presidente. Esta causa se suma a otras investigaciones que afectan a miembros del entorno de Pedro Sánchez y podría tener consecuencias tanto legales como reputacionales para el Ejecutivo.