La justicia incluye al PSOE y al Gobierno en la investigación sobre Ábalos

El Tribunal Supremo ha ordenado nuevas diligencias para esclarecer el escándalo de corrupción que rodea a destacados miembros del Gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La investigación, que avanza con una meticulosidad implacable, pone el foco sobre José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y Koldo García Izaguirre, a quienes se les atribuye un presunto esquema de adjudicación fraudulenta de contratos públicos durante la pandemia.

El magistrado Leopoldo Puente, encargado de la instrucción, ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elabore un informe patrimonial detallado de Ábalos y su hijo, Víctor Ábalos, y ha fijado la declaración del exministro como imputado para el próximo 18 de febrero. La decisión llega tras la aprobación del suplicatorio del Congreso de los Diputados, que ha permitido suspender la inmunidad parlamentaria de Ábalos y reactivar las diligencias judiciales.

Las conexiones del PSOE con la red de contratos irregulares

Las pruebas recabadas hasta ahora apuntan a un entramado de corrupción en el que convergen altos cargos del PSOE, empresarios afines y administraciones públicas. En este contexto, el juez Puente ha ordenado a la UCO rastrear los intercambios telefónicos y digitales entre los implicados para determinar el grado de coordinación y reparto de beneficios en la adjudicación de contratos de emergencia en plena crisis sanitaria.

Entre las comunicaciones investigadas, destacan las de:

• José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
• Víctor de Aldama, empresario clave en la trama de adjudicaciones.
• Koldo García Izaguirre, exasesor de Ábalos y presunto intermediario en la red de contratos.
• Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE.
• Ángel Víctor Torres, ministro de Administraciones Públicas y expresidente de Canarias.

En el epicentro de la investigación se encuentran contratos de emergencia firmados por la Administración General del Estado y otras entidades del sector público durante la crisis sanitaria. La sospecha es clara: adjudicaciones millonarias fueron otorgadas a empresas vinculadas a la trama a cambio de comisiones ilegales.

Las claves de la investigación: dinero, contratos y favores políticos

El magistrado Puente ha reclamado información sobre los dispositivos electrónicos y teléfonos móviles utilizados por los implicados y ha solicitado a la UCO que analice la frecuencia y contenido de los intercambios de mensajes y llamadas entre ellos.

Además, ha requerido que se identifiquen a los responsables de la contratación de Jessica Rodríguez García, empleada en INECO y TRAGSATEC, compañías estatales vinculadas al Ministerio de Transportes. Estas empresas habrían jugado un papel clave en la adjudicación de contratos irregulares, actuando como puentes entre la trama y la Administración.

Por otra parte, el juez ha solicitado a Víctor de Aldama que en un plazo de diez días entregue un listado de propiedades inmobiliarias utilizadas para reuniones con José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre y el ministro Ángel Víctor Torres. Este requerimiento es crucial para determinar si existieron encuentros privados en los que se negociaron adjudicaciones y se pactaron pagos ilícitos.

Los testigos clave en el caso

El Tribunal Supremo ha citado a diecisiete testigos para declarar y esclarecer el papel de cada implicado en la trama de corrupción.

Entre los convocados destacan:

• Isabel Pardo de Verano, expresidenta de ADIF, organismo vinculado a las adjudicaciones investigadas.
• Alejandro de las Alas Pumariño, exresponsable de compras en el Ministerio de Transportes durante la crisis sanitaria.
• Jesús Manuel Gómez García, exsubsecretario de Transportes, quien ha señalado a Ábalos como el responsable directo de la adjudicación de contratos de emergencia.
• Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, destituido en 2022.
• El jefe de gabinete de María Jesús Montero, investigado por su supuesta participación en la liquidación irregular de una deuda tributaria a cambio de un pago en metálico de 25.000 euros.

El dinero negro en Ferraz: la pista del financiamiento ilegal del PSOE

Uno de los testimonios más reveladores en esta investigación ha sido el de la empresaria Carmen Pano, quien ha declarado ante la Audiencia Nacional que entregó personalmente 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en la calle Ferraz.

Según la testigo, este dinero formaba parte de un sistema de financiación irregular del partido, vinculado directamente a los contratos adjudicados durante la pandemia. Su declaración coincide con las acusaciones del empresario Víctor de Aldama, quien ha señalado a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y otros altos cargos del PSOE como destinatarios de comisiones ilícitas.

Aldama ha detallado que las empresas beneficiadas por los contratos transferían un porcentaje de las adjudicaciones al partido, en un esquema que recuerda a las tramas de financiación ilegal que han salpicado a otras formaciones políticas en el pasado.

Silencio e inacción desde el Gobierno

Mientras las investigaciones avanzan y se acumulan pruebas contra miembros del Ejecutivo y del PSOE, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene un silencio absoluto.

No hay declaraciones desde Moncloa, ni explicaciones por parte de los implicados. A pesar de que las evidencias apuntan a un entramado de corrupción de dimensiones alarmantes, el Ejecutivo se niega a asumir responsabilidades o a tomar medidas contra los investigados.

La pregunta clave sigue en el aire:

¿Hasta cuándo podrá el Gobierno de Sánchez sostener su silencio sin que se exijan responsabilidades políticas?

Lo que está en juego no es solo el futuro de una administración, sino la credibilidad de las instituciones democráticas y la confianza de los ciudadanos en el sistema.