¿Justicia o favores? El Ejecutivo inicia el camino para borrar la condena al ex fiscal general
El Gobierno ha dado el primer paso para un posible indulto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, quien fue condenado en diciembre de 2025 por un delito de revelación de secretos. A través del Ministerio de Justicia, el Ejecutivo ha solicitado al Tribunal Supremo que emita el informe preceptivo sobre esta petición, según marca el procedimiento legal, según revela OkDiario.
La solicitud de indulto no ha partido del propio Gobierno, sino que ha sido promovida por dos particulares, tal y como permite la legislación vigente. Cualquier ciudadano puede solicitar el indulto de un penado, aunque su concesión final depende del Consejo de Ministros y debe aprobarse mediante real decreto firmado por el Rey, tras propuesta del ministro de Justicia.
El Tribunal Supremo, que dictó la sentencia, deberá ahora pronunciarse sobre esta petición, al igual que la Fiscalía y la parte perjudicada: en este caso, Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Condena por revelar un correo confidencial
García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación para empleo o cargo público, además de una multa de 7.200 euros y el pago de 10.000 euros en concepto de indemnización por daños morales a González Amador. La sentencia determinó que el ex fiscal general, o alguien de su entorno directo y con su conocimiento, filtró a la prensa un correo electrónico confidencial en el que el abogado de González ofrecía una confesión por delitos fiscales a cambio de evitar prisión.
El caso cobró gran relevancia política y mediática por la implicación de la pareja de Ayuso y la posterior publicación de una nota oficial de la Fiscalía con detalles del procedimiento en curso. La Sala de lo Penal del Supremo encontró indicios suficientes de que esa revelación vulneró los derechos del afectado.
Discrepancias en el Supremo
La sentencia fue aprobada por cinco de los siete magistrados que componían el tribunal, pero dos magistradas emitieron votos particulares. Susana Polo y Ana Ferrer mostraron una discrepancia total con la condena, al considerar que las pruebas se basaban en meras sospechas y no se demostró la responsabilidad directa de García Ortiz.
El condenado ha presentado un incidente de nulidad, en el que defiende su inocencia y considera que la Fiscalía fue objeto de una campaña de descrédito.
El indulto no lo eximiría del pago de la indemnización
Incluso si el indulto prospera y García Ortiz queda eximido del cumplimiento de la inhabilitación, seguiría estando obligado a pagar los 10.000 euros de indemnización a González Amador, ya que el indulto no borra las responsabilidades civiles derivadas de la condena.