El Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla ha iniciado diligencias previas contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusada de un posible delito de tráfico de influencias y corrupción en la concesión de subvenciones a empresas privadas. La noticia ha sido confirmada este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Las investigaciones comenzaron el 16 de abril, tras una denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias. El juez Juan Carlos Peinado ha declarado las diligencias "secretas", lo que indica la gravedad y sensibilidad del caso investigado.

REACCIONES POLÍTICAS
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado que no descartará acudir a los tribunales si el presidente Sánchez no ofrece explicaciones "claras y convincentes" sobre las actividades de su esposa. Durante una sesión de control en el Congreso, interpelado por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sobre si se sentía víctima de una "guerra sucia", Sánchez ha defendido la "autonomía e independencia" del sistema judicial español, reiterando su confianza en la Justicia.

INVESTIGACIÓN EN CURSO
El Confidencial ha revelado que el juzgado investigará las relaciones de Begoña Gómez con varias empresas privadas que recibieron fondos y contratos públicos durante la administración de su marido. Se prevé la comparecencia de varios testigos para determinar el alcance de las supuestas influencias y los negocios implicados.

IMPACTO POLÍTICO
Este caso surge en un momento delicado para el Gobierno, con crecientes llamadas a la transparencia y el escrutinio público sobre la gestión de los recursos estatales. La oposición ha intensificado sus críticas y reclama mayor rendición de cuentas, especialmente en lo que respecta a la asignación de contratos gubernamentales.

La situación sigue desarrollándose y se espera más información a medida que avanzan las investigaciones. La comunidad política y los ciudadanos están atentos a las implicaciones que este caso pueda tener para la estabilidad del Gobierno y la confianza en las instituciones españolas.