Junts se rebela contra la jornada laboral de 37,5 horas y amenaza con tumbar la ley

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha reiterado este martes el rechazo de su grupo parlamentario al proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral aprobado por el Consejo de Ministros, y ha acusado al Ejecutivo de falta de negociación con las pequeñas y medianas empresas catalanas, así como de actuar en connivencia con “el lobby sindical español”.

Nogueras ha denunciado que la norma no ha contado con el consenso de la patronal ni de los sectores productivos más sensibles, y ha asegurado que se trata de una medida que puede tener consecuencias negativas para el tejido empresarial, en particular en Cataluña. «Pone en riesgo muchos puestos de trabajo», ha afirmado, aludiendo al impacto que, en su opinión, tendría la reforma sobre autónomos y pymes que “no pueden adaptarse” a los requerimientos de digitalización incluidos en el proyecto.

En declaraciones a los medios en el Congreso, la diputada ha criticado además el proceso de tramitación del texto por parte del Gobierno, al que ha acusado de actuar de forma unilateral. En ese sentido, ha lanzado una advertencia a PSOE y Sumar: «Si tienen tan claro que sacarán esta ley adelante, tal vez es porque, como en Barcelona, han pactado con la derecha española».

Enmienda de totalidad

Junts ha confirmado su intención de presentar una enmienda de totalidad a la propuesta legislativa, lo que abre un nuevo frente para el Ejecutivo en el Congreso, donde depende de varios grupos minoritarios para aprobar sus iniciativas. Desde la formación independentista aseguran que la base misma del proyecto es inasumible, ya que plantea una reducción estructural de la jornada sin un análisis del impacto económico ni una escucha activa a las empresas afectadas.

Según fuentes del partido, la ley se percibe como un gesto simbólico que no se ajusta a la realidad de muchas empresas, que consideran inviable implantar un sistema de control horario digital obligatorio en sus condiciones actuales. «Esto puede sonar muy bien como titular, pero en la práctica puede llevar al cierre de empresas», han afirmado.

Postura del Gobierno

El Gobierno ha enviado ya la propuesta al Congreso de los Diputados y ha instado al resto de formaciones a apoyar una ley que considera clave para avanzar en derechos laborales y en la mejora del equilibrio entre la vida personal y profesional. Desde el Ejecutivo, se ha presionado especialmente al Partido Popular para que se posicione claramente ante una reforma que, según el Ministerio de Trabajo, no debe ser un asunto ideológico, sino de modernización laboral.

La negativa de Junts complica el panorama para el Ejecutivo, que necesita asegurar apoyos suficientes si quiere evitar que la iniciativa sea devuelta. La votación de las enmiendas a la totalidad será uno de los primeros escollos que deberá superar el texto en su tramitación parlamentaria.