La juez ve prevaricación en la contratación del hermano de Sánchez: así se manipuló su cargo
La juez Beatriz Biedma, que instruye el caso de David Sánchez Pérez-Castejón en el Juzgado de Instrucción número 3, ha encontrado indicios sólidos de prevaricación en la contratación del hermano del presidente del Gobierno, según informa The Objective.
Según la magistrada, la Diputación de Badajoz habría diseñado un puesto a medida para él, dándole una apariencia de legalidad, con el objetivo de que no tuviera que asistir regularmente a su despacho.
“El nombramiento de David Sánchez como personal de Alta Dirección se realizó bajo un procedimiento administrativo fraudulento”, señala el informe judicial.
El documento menciona en ocho ocasiones el delito de prevaricación, apuntando a dos momentos clave:
- Su contrato como coordinador de conservatorios en 2017.
- La modificación de su puesto en 2022, cuando fue nombrado director de la Oficina de Artes Escénicas sin que su cambio de funciones pasara por los órganos de negociación correspondientes.
La juez considera que la Diputación de Badajoz actuó con la intención de justificar un empleo que, en la práctica, Sánchez no desempeñaba.
Un contrato fraudulento y un cambio de funciones sin control
El informe destaca que David Sánchez no realizaba ninguna de las funciones establecidas en su contrato de 2017, algo que ha quedado probado con las declaraciones de los directores de los conservatorios y el informe del director del área de Cultura, Manuel Candalija.
- El primer contrato fue un artificio para justificar su incorporación a la Diputación.
- El cambio de funciones en 2022 no pasó por la mesa de negociación colectiva ni por la Comisión Técnica.
- Se diseñó un puesto que le permitiera dedicarse a su proyecto de ópera sin obligación de acudir al despacho.
Para la juez, esta operación revela un claro patrón de manipulación administrativa para encajar la situación laboral de Sánchez dentro de la legalidad formal, ocultando su verdadera finalidad.
“Las circunstancias relativas a la creación del puesto son esenciales, ya que en el delito de prevaricación la prueba indiciaria adquiere una gran relevancia”, subraya el documento.
Celeridad y urgencia sospechosas en su contratación
El informe judicial también señala la rapidez con la que se gestionó la incorporación de Sánchez a la Diputación, destacando que la provisión de su plaza se hizo con carácter de urgencia.
- La contratación se aceleró en un momento en el que David Sánchez estaba buscando trabajo.
- Se omitieron requisitos esenciales que cualquier otro candidato debía cumplir.
- Se utilizó una apariencia de legalidad para encubrir un interés particular.
Este tipo de prácticas, según la magistrada, refuerzan la sospecha de que el procedimiento fue manipulado para garantizar la incorporación de Sánchez sin cumplir los principios de mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública.
Una red de intereses que salpica a la Diputación de Badajoz
En su auto, la juez Biedma ha desestimado las solicitudes de sobreseimiento presentadas por varios altos cargos de la Diputación de Badajoz, entre ellos Juan Cinta, Elisa Moriano, Francisco Martos, Manuel Candalija, Emilia Pareja y Miguel Ángel Gallardo Miranda, presidente de la Diputación.
Señala que, si se confirman los indicios existentes, la actuación del presidente de la Diputación en la contratación de David Sánchez podría constituir un delito de prevaricación.
Además, la magistrada ha admitido nuevas pruebas solicitadas por la acusación popular, incluyendo la declaración de Nersés Avakimyan Gasparov, profesor de violín y aspirante al mismo puesto que obtuvo Sánchez. También ha citado a Luis María Carrero, asesor en Moncloa y posterior contratado por la Diputación de Badajoz, para aclarar su papel en esta trama.
La juez ha requerido documentación al Teatro Real de Madrid sobre la vinculación de Sánchez con la institución y a La Moncloa sobre los puestos desempeñados por Carrero en la Presidencia del Gobierno. El caso de David Sánchez Pérez-Castejón continúa generando una fuerte presión sobre el Gobierno y la Diputación de Badajoz.
La investigación avanza con pruebas que apuntan a una contratación irregular y una manipulación de procedimientos administrativos para favorecer al hermano del presidente.
Con nuevos testimonios en camino y la ampliación de pruebas documentales, la instrucción del caso podría derivar en consecuencias penales para varios de los implicados. La imagen del Ejecutivo se ve nuevamente comprometida por las sospechas de nepotismo y uso irregular de recursos públicos en beneficio del entorno familiar del presidente del Gobierno.