El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha citado a declarar como testigos el próximo 16 de enero a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y al fiscal de delitos económicos, Julián Salto, en el marco de la investigación abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La causa analiza la posible revelación de secretos relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según el auto notificado este jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha incluido también en la lista de citaciones a los responsables de comunicación de la Fiscalía de Madrid y de la Fiscalía General del Estado, quienes deberán comparecer el próximo 21 de enero.

Investigación en curso

La instrucción judicial se centra en esclarecer si García Ortiz participó en la filtración de información confidencial que afectaría a González Amador, lo que podría constituir un delito de revelación de secretos. Esta línea de investigación cobró fuerza tras la intervención de dispositivos electrónicos por parte de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, que revelaron la posible eliminación de mensajes clave en los días posteriores a la filtración.

Reacciones y contexto político

Este caso ha generado un notable impacto político, pues cuestiona la actuación de una figura clave del sistema judicial como el fiscal general del Estado. Desde el Partido Popular, se ha calificado el asunto como un escándalo institucional que pone en entredicho la imparcialidad del sistema judicial bajo el actual Gobierno.

Por su parte, el PSOE ha defendido la actuación de García Ortiz, atribuyendo la investigación a una campaña política para desestabilizar al Ejecutivo. Mientras tanto, Ayuso ha denunciado públicamente un intento de persecución política contra su entorno personal y ha exigido responsabilidades al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Próximos pasos

La comparecencia de los fiscales citados será clave para determinar si existieron irregularidades en el manejo de información confidencial dentro de la Fiscalía. Además, se espera que el juez Hurtado evalúe los nuevos indicios aportados por la UCO, que podrían implicar la apertura de nuevas líneas de investigación.

La causa continúa abierta y con posibles ramificaciones que podrían afectar tanto a la cúpula judicial como al actual Gobierno, en un caso que sigue sumando tensión política e institucional.