El Supremo solicita a Google y WhatsApp los mensajes eliminados del fiscal general
El magistrado Ángel Hurtado, del Tribunal Supremo, ha emitido una comisión rogatoria para requerir a Google y WhatsApp toda la información vinculada a las aplicaciones de mensajería utilizadas por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La decisión responde a la solicitud de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que encontró "0 mensajes" en los dispositivos incautados al fiscal tras la investigación de la filtración de datos confidenciales del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La petición del juez incluye no solo los mensajes enviados y recibidos, sino también archivos multimedia almacenados en el dispositivo móvil del fiscal durante los días previos al escándalo de la filtración. Asimismo, Hurtado ha autorizado la creación de una copia de trabajo de toda la información disponible para que la UCO pueda elaborar un informe detallado.
Un dispositivo vacío y un cambio de terminal sospechoso
El análisis inicial de los dispositivos incautados al fiscal general reveló una ausencia total de mensajes en las aplicaciones de mensajería, algo que los investigadores consideran sospechoso, especialmente tras comprobar que García Ortiz cambió de teléfono móvil una semana antes del registro de su despacho. Esta acción ha despertado dudas sobre un posible intento de eliminar pruebas que podrían implicarlo en la filtración de datos confidenciales.
En su resolución, el juez calificó la solicitud de la UCO como "coherente" y "razonable", señalando que el rastreo de los mensajes es fundamental para esclarecer la posible implicación del fiscal general en la coordinación de la difusión de información sensible desde la Fiscalía.
El papel de García Ortiz en la filtración
La investigación ha revelado que el fiscal general podría haber tenido un "papel preeminente" en la publicación de una nota informativa sobre la investigación al empresario González Amador, que derivó en la filtración del correo electrónico enviado por la pareja de Díaz Ayuso al fiscal de delitos económicos, Julián Salto.
Según fuentes de la UCO, el análisis del móvil de la fiscal jefe de Madrid permitió verificar que García Ortiz coordinó comunicaciones clave desde la Fiscalía General. Además, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, declaró que había alertado sobre el riesgo de filtraciones en correos enviados desde la Fiscalía. Según su testimonio, tras advertir a la fiscal jefe Pilar Rodríguez, la información apareció en los medios al día siguiente.
El juez Hurtado ha citado a García Ortiz para declarar como investigado el próximo 29 de enero. En el auto de citación, el magistrado apunta a que el correo del abogado Carlos Neira, relacionado con la pareja de Díaz Ayuso, tuvo "salida" de la Fiscalía General y llegó a Presidencia del Gobierno. Desde Moncloa, según el juez, se realizaron las "gestiones" para difundir la información a los medios.
La fiscal Almudena Lastra declaró haber confrontado al fiscal general tras la filtración: "Álvaro, lo has filtrado tú", a lo que García Ortiz habría respondido: "Eso ahora no importa".
Este caso no solo pone en el foco al fiscal general del Estado, sino que también plantea preguntas sobre el posible uso político de la Fiscalía General y su relación con Moncloa. Si se confirma la implicación de García Ortiz en la filtración, este hecho representaría un grave abuso de poder y un uso indebido de su posición en una operación que podría haber sido diseñada para influir en el escenario político.
Además, el magistrado Ángel Hurtado ha señalado la importancia de esclarecer si existieron comunicaciones entre el fiscal general, periodistas y otros miembros del Gobierno que hayan influido en la publicación de información confidencial.
La recuperación de los mensajes de WhatsApp y Google será clave para determinar el alcance de las acciones del fiscal general y su posible coordinación con miembros de la Fiscalía y de Moncloa. El próximo 29 de enero, García Ortiz deberá responder ante el Supremo, donde los investigadores esperan desvelar el papel exacto de cada actor involucrado en este caso que amenaza con reavivar el debate sobre la independencia del Ministerio Público en España.
El caso de Álvaro García Ortiz ha destapado las tensiones internas en la Fiscalía y su conexión con Moncloa, dejando al descubierto posibles irregularidades en la gestión de información confidencial. La investigación en curso, liderada por la UCO y el Supremo, busca arrojar luz sobre un asunto que podría tener graves consecuencias legales y políticas para los implicados.