La juez que investiga a un cargo de Bolaños rechaza la acusación popular y se alinea con Sánchez
Sin embargo, le ha impuesto una fianza de 5.000 euros, lo que ha generado controversia en el seno de la organización, que ha recurrido para que se reduzca la cantidad exigida. La juez ha desestimado esta solicitud, manteniendo la fianza tal y como fue fijada.
Este caso está relacionado con la manipulación de un audio grabado durante la declaración de un menor en un juicio de custodia en Valladolid en marzo de 2022. En la investigación se encuentra implicado Aitor Cubo, director general de Transformación Digital, quien depende directamente de Félix Bolaños, ministro de Justicia. Manos Limpias presentó la solicitud de personarse en calidad de acusación popular tras tener conocimiento de la posible falsificación de documentos públicos y la manipulación del audio de la víctima, según publica The Objective.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim)
La decisión de la juez Trujillano llega en un contexto de reformas legislativas impulsadas por el PSOE, que busca limitar la acción popular. La acción popular, prevista en el artículo 125 de la Constitución Española, permite a cualquier ciudadano ejercer la acción penal en casos de delitos públicos, aunque no sea víctima directa. Sin embargo, el PSOE ha presentado una proposición de ley en el Congreso para restringir esta figura, argumentando que es susceptible de ser utilizada de manera instrumental o oportunista.
En su auto, Trujillano aludió a la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), mencionando que el PSOE pretende reducir los abusos relacionados con la acusación popular. A pesar de que esta reforma aún no ha sido aprobada, la juez subrayó que, aunque la acción popular es un pilar democrático, también debe estar sujeta a control judicial y no debe ser utilizada con fines políticos.
Manos Limpias y la crítica al PSOE
Manos Limpias, que históricamente ha jugado un papel crucial en diversas causas de relevancia, también ha denunciado la desaparición de pruebas clave del caso, específicamente un pendrive con el audio manipulado, que se perdió en el juzgado. La organización presentó una denuncia formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), acusando de robo a los responsables de la custodia de la prueba.
El sindicato también ha manifestado su malestar por la actitud del PSOE, que ha defendido una reforma que, según algunos críticos, tiene un claro objetivo de proteger a figuras cercanas al presidente Pedro Sánchez de investigaciones judiciales. Las asociaciones judiciales han rechazado fuertemente la proposición de ley, al considerarla una forma de imponer restricciones a la acción popular, una herramienta fundamental para garantizar la transparencia y la justicia en muchos casos de gran interés público.
La postura de Bolaños
Félix Bolaños, en su intervención reciente en la Comisión de Justicia del Congreso, volvió a defender la reforma de la LeCrim, asegurando que la acción popular se ha convertido en un “nido de filtraciones” y ha sido utilizada para denigrar y presentar denuncias falsas. Bolaños también denunció el uso político de la justicia, refiriéndose a las denuncias que involucran a su familia y a otros miembros de su entorno, aunque no se ha pronunciado aún sobre el proceso judicial que involucra al director general Aitor Cubo.
Este caso sigue siendo muy mediático, ya que involucra a un alto cargo del Ministerio de Justicia y el posible delito de falsificación relacionado con la manipulación de pruebas en un proceso de custodia de menores. La decisión final sobre el futuro de Manos Limpias en este caso, así como la posible aprobación de la reforma legislativa del PSOE, tendrá un gran impacto en el desarrollo de la justicia en España en los próximos meses.