El Supremo descarta acusar a Pilar Sánchez Acera pero duda de su testimonio
El magistrado instructor del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha descartado la implicación de Pilar Sánchez Acera, exjefa de gabinete del director del gabinete del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la investigación sobre la presunta revelación de secretos que salpica a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Provincial de Madrid. Sin embargo, el juez pone en entredicho la credibilidad de su declaración como testigo, prestada el pasado 12 de marzo.
El auto desestima nuevas diligencias contra dirigentes socialistas
La resolución judicial rechaza una serie de diligencias solicitadas tanto por la acusación particular, en representación de Alberto González Amador, como por la acusación popular de la Fundación Foro Libertad y Alternativa. Las peticiones se fundamentaban en las declaraciones como testigos de Sánchez Acera y del exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, quienes fueron interrogados sobre el uso de dispositivos móviles y las comunicaciones con otros dirigentes del PSOE, como Santos Cerdán y Antolín Llorente. Además, se planteaba la citación del jefe de gabinete del líder socialista madrileño, Juan Lobato.
El juez argumenta que las diligencias solicitadas carecen de relevancia en el objeto de la investigación, dado que Sánchez Acera no participó en la filtración inicial. Según el magistrado, extender la indagación al recorrido posterior del documento no aporta datos determinantes para esclarecer el caso.
Sin responsabilidad penal, pero con fisuras en su testimonio
La resolución establece que Pilar Sánchez Acera no puede ser considerada autora ni partícipe del delito de revelación de secretos, dado que no tenía acceso directo a la información clasificada ni la divulgó personalmente. Su papel, según el auto, se limita a recibir el correo fechado el 2 de febrero de 2024, presuntamente filtrado desde Fiscalía, y a transmitírselo a Juan Lobato, quien lo utilizó en la Asamblea de Madrid el 14 de ese mismo mes.
A pesar de ello, el magistrado cuestiona la veracidad del testimonio de Sánchez Acera, señalando que su versión presenta "importantes fisuras". En particular, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), fechado el 19 de diciembre de 2024, expone registros de comunicaciones entre Sánchez Acera y Lobato desde la madrugada del 14 de marzo de 2024. Dichos datos, según el juez, contradicen elementos clave de su declaración.
Dudas sobre la versión de Sánchez Acera y una posible causa por falso testimonio
El auto judicial resalta que Sánchez Acera negó haber recibido un correo electrónico, afirmando en su lugar que obtuvo la información a través de una fotografía de WhatsApp, cuyo remitente no recuerda. El magistrado califica esta respuesta de "poco creíble" y enfatiza que el documento era de suficiente importancia como para que la testigo recordara su origen.
Además, la resolución señala un detalle sospechoso: al igual que otros implicados en la investigación, Sánchez Acera cambió de teléfono y borró los mensajes que tenía en el dispositivo utilizado en la fecha de los hechos. Para el juez, esta conducta no refleja una actitud de colaboración, aunque no prueba una implicación penal directa en la filtración de secretos.
En este contexto, el magistrado deja abierta la posibilidad de que Sánchez Acera pueda ser investigada en una causa separada por falso testimonio, aunque por el momento no toma una decisión al respecto.
Un caso que sigue en el aire
El cierre parcial de esta línea de investigación no significa el fin del proceso. La clave sigue siendo determinar el origen exacto de la filtración y si existen responsabilidades dentro de la Fiscalía General del Estado. Mientras tanto, el caso sigue generando repercusión política y mediática, con implicaciones que pueden alcanzar a altos cargos del gobierno y del PSOE.