La juez del caso del hermano de Sánchez resistió seguimientos, presiones y una campaña para desacreditar la investigación
La historia que rodea a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz va mucho más allá de los autos judiciales. Según la información publicada por el citado diario, durante el tiempo que duró la instrucción del denominado «caso del hermanísimo», personas vinculadas a la llamada trama de la «fontanería» socialista habrían tratado de obtener información personal sobre la magistrada con el objetivo de encontrar cualquier elemento que permitiera cuestionar su actuación o incluso tumbar la causa.
Una magistrada conocida por su rigor
Beatriz Biedma no es una jueza especialmente mediática. Quienes la conocen destacan su disciplina, su perfil discreto y una trayectoria marcada por la dedicación al trabajo. Desde su llegada a Badajoz en 2011, ha desarrollado una carrera alejada de los focos, caracterizada por una elevada productividad y una notable capacidad para resolver procedimientos complejos.
Sin embargo, la investigación sobre la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz la situó en el centro del debate político nacional. A medida que la instrucción avanzaba y aparecían nuevos indicios, también crecían las tensiones alrededor del procedimiento.
Seguimientos e indagaciones sobre su vida privada
Según relata El Mundo, personas próximas a la magistrada le trasladaron posteriormente que durante meses varios individuos realizaron preguntas sobre sus hábitos cotidianos, sus horarios, su entorno familiar e incluso sus desplazamientos relacionados con sus hijas.
La información publicada sostiene que se intentó reconstruir aspectos de su vida personal para localizar posibles elementos que permitieran cuestionar su imparcialidad o su actuación profesional. La propia jueza habría conocido posteriormente la existencia de estas pesquisas informales, que la dejaron profundamente sorprendida.
La situación afectó igualmente al teniente coronel Antonio Balas, responsable de las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) desarrolladas en el marco del procedimiento judicial.
El cambio de postura de la Fiscalía
Entre los episodios que llamaron la atención de la magistrada durante la instrucción figura el cambio de criterio de la Fiscalía. Según la información publicada, la fiscal inicialmente respaldó diversas diligencias de investigación, incluidos registros y requerimientos documentales.
Sin embargo, posteriormente pasó a oponerse a algunas actuaciones impulsadas por el juzgado y acabó solicitando el archivo de la causa mediante un extenso escrito que terminó convirtiéndose en uno de los elementos más controvertidos del procedimiento.
Fuentes jurídicas consultadas por el periódico consideran que se trató de una circunstancia poco habitual dentro de una investigación de estas características.
La irrupción de la trama de Leire Díez
Uno de los capítulos más llamativos descritos por El Mundo está relacionado con la aparición de Leire Díez, conocida públicamente tras diversas informaciones que la vinculan a operaciones destinadas a obtener información sobre jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Según la información publicada, en varios audios conocidos durante 2025 se hablaba expresamente de la posibilidad de presentar actuaciones contra la propia Beatriz Biedma. Entre los protagonistas de esas conversaciones figuraría el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera judicial tras una condena por violencia de género.
Las grabaciones apuntarían a una estrategia orientada a desacreditar a la instructora y a intentar interferir en el desarrollo normal de la investigación.
Intentos de influir en la causa
La información sostiene además que se habrían producido distintos intentos de personación en el procedimiento con el objetivo de acceder al sumario y participar en la causa desde dentro. Dichas iniciativas fueron rechazadas tanto por la propia magistrada como por instancias superiores.
Posteriormente también se habrían presentado recursos y recusaciones encaminadas a apartar a Biedma de la investigación, aunque ninguna de ellas prosperó.
Todo ello coincidió con el momento en que la instrucción comenzaba a consolidar indicios que terminarían desembocando en la apertura de juicio oral.
El papel del empresario Joaquín Parra
Otro de los nombres que aparece en la información es el del empresario Joaquín Parra, vinculado a diversas causas judiciales y cuya figura habría adquirido relevancia dentro de las investigaciones abiertas por la Audiencia Nacional sobre las actividades de la denominada red de intermediarios y colaboradores próximos a Leire Díez.
Según la documentación analizada por los investigadores, Parra habría mantenido contactos con distintos integrantes de esa estructura y dispondría de grabaciones y documentación susceptible de aclarar cómo se desarrollaron determinadas actuaciones dirigidas contra magistrados y miembros de la Guardia Civil.
Los indicios analizados por el juez Pedraz
La investigación ha adquirido una nueva dimensión después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenara recabar información sobre varias personas relacionadas con estos hechos.
Según recoge la información periodística, existen indicios que apuntan a la posible existencia de material audiovisual y documentación vinculada a seguimientos realizados durante el tiempo que duró la instrucción del caso que afecta al hermano del presidente del Gobierno.
La Guardia Civil trabaja ahora para determinar el alcance real de esas actuaciones y comprobar si llegaron a producirse conductas que pudieran tener relevancia penal.
Una causa que sigue generando consecuencias
Más allá del contenido estrictamente judicial del procedimiento contra David Sánchez, el caso ha abierto un intenso debate sobre las presiones que pueden llegar a sufrir jueces e investigadores cuando instruyen asuntos con una elevada repercusión política.
La figura de Beatriz Biedma se ha convertido en símbolo de esa discusión. Mientras unos la presentan como una magistrada que simplemente cumplió con su obligación profesional, otros han cuestionado su actuación durante la instrucción.
Lo que parece indiscutible es que la investigación sobre el hermano del presidente ha trascendido ampliamente los límites habituales de una causa judicial y ha terminado situando a la magistrada en el centro de una de las mayores tormentas políticas y mediáticas de los últimos años.