La juez apunta a Pedro Sánchez como responsable de la contratación de su hermano en Badajoz
El auto judicial cita correos y relaciones internas del PSOE como pruebas clave
La magistrada Beatriz Biedma, instructora del caso en el que se investiga la adjudicación de un puesto público a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha señalado en su auto de apertura de juicio oral que la creación de la plaza en la Diputación de Badajoz podría haber respondido a una petición del entorno de Pedro Sánchez.
Según el documento judicial, al que ha tenido acceso El Mundo, existen indicios suficientes para afirmar que David Sánchez no contaba con vínculos previos en Badajoz, ni conocía a las personas que participaron en el proceso de selección. La juez resalta que “por pura lógica” la creación del puesto, finalmente adjudicado a Sánchez, respondía a una necesidad conocida por personas cercanas a él, con capacidad para influir institucionalmente.
Las conexiones políticas en la creación del puesto
El puesto, creado y publicado en mayo de 2017 —cuando Pedro Sánchez acababa de recuperar el liderazgo del PSOE—, se ofertó como Coordinador de Actividades Musicales en la Diputación. En esas fechas, David Sánchez se encontraba en búsqueda activa de empleo y sin residencia en Extremadura.
El entorno político en que se gestó la plaza incluía a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y entonces alcalde de Villanueva de la Serena, y a José Luis Quintana, alcalde de Don Benito y delegado del Gobierno en la actualidad. Ambos fueron colaboradores clave en las campañas internas de Pedro Sánchez, especialmente en las primarias de 2014 y 2017.
En su auto, la magistrada incluye como indicios varios correos electrónicos obtenidos por la UCO —los números 300, 585 y 679— en los que se evidencia que David Sánchez mantenía una relación regular y cercana con Gallardo, a pesar de que éste declaró ante la juez que “apenas lo había visto unas pocas veces al año”.
Incongruencias en las declaraciones de Gallardo ante la juez
En su comparecencia judicial del pasado 8 de enero, Gallardo negó tener una relación estrecha con el hermano del presidente y aseguró desconocer su parentesco con Pedro Sánchez. La juez ha calificado de “no verosímil” esta versión, dado el contexto político y las pruebas documentales aportadas.
El auto señala también la posibilidad de que los correos oficiales de Gallardo hayan sido eliminados, dificultando la trazabilidad de los contactos entre ambos. La juez lamenta que no se hayan podido recuperar los mensajes desde la cuenta institucional que utilizaba como alcalde.
El mitin de Don Benito, punto de arranque de las sospechas
La juez hace referencia a un acto político celebrado el 8 de mayo de 2017 en Don Benito, en el que Pedro Sánchez habría iniciado su campaña para recuperar la secretaría general del PSOE. Solo once días después, se publicaban las bases para el puesto que más tarde ocuparía su hermano.
Otro testigo relevante, Ricardo Cabezas, actual diputado de Cultura en la Diputación y también imputado en el caso, afirmó que en ese mismo mitin Sánchez le comentó que su hermano era músico, lo que podría haber sido un factor de influencia previo a la convocatoria de la plaza.
Una investigación que alcanza al núcleo del PSOE extremeño
El caso implica a varios miembros relevantes del PSOE en Extremadura. Según el auto, la creación del puesto se habría producido en un contexto en el que Pedro Sánchez, aunque no era aún presidente del Gobierno, mantenía poder dentro del partido y contactos continuos en la región.
La instrucción apunta también a contradicciones en las declaraciones de Gallardo sobre su afiliación política en las primarias. Aunque afirmó haber apoyado a Susana Díaz, los indicios apuntan a que fue uno de los principales apoyos de Sánchez en Extremadura.
Delitos imputados y próximos pasos judiciales
A David Sánchez se le imputan delitos continuados de prevaricación y tráfico de influencias, tanto por la creación del puesto como por su toma de posesión. También se investiga la contratación de Luis María Carrero, ex asesor de Moncloa, en la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación.
La causa será elevada al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, después de que Gallardo se acogiera al aforamiento, movimiento que ha sido cuestionado por diversas asociaciones de juristas por entenderse como una maniobra para dilatar el proceso judicial.
La investigación judicial en torno a la contratación de David Sánchez plantea interrogantes sobre la transparencia en la gestión pública y el uso del poder político para la creación de puestos a medida. A medida que se acerque la apertura del juicio oral, el caso podría tener consecuencias políticas de amplio alcance en el seno del Partido Socialista y en el Gobierno.