El jefe de Gabinete de Ayuso apunta a Sánchez tras declarar como testigo en el Tribunal Supremo

El jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso , Miguel Ángel Rodríguez , comparó este miércoles ante el Tribunal Supremo en calidad de testigo para aclarar su participación en la filtración de correos electrónicos relacionados con el caso de fraude fiscal que involucra al novio de Ayuso , Alberto González Amador .

Rodríguez no solo reconoció haber difundido los correos intercambiados entre el abogado de González Amador y un representante de la Fiscalía , sino que también arremetió contra el fiscal general del Estado , Álvaro García Ortiz , y señaló directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , como el responsable político de lo que calificó como un ataque coordinado contra Ayuso .

"El fiscal general debe ser juzgado y condenado de manera ejemplar para que nadie vuelva a revelar un expediente secreto de un español", afirmó Rodríguez tras salir del tribunal.

Además, añadió:

"Sánchez ha decidido atacar a Ayuso y eso le va a llevar también al juzgado".

El caso: filtraciones, correos y acusaciones cruzadas

La comparecencia de Rodríguez está relacionada con la investigación abierta contra el fiscal general, García Ortiz , acusado de revelación de secretos por hacer públicos datos privados sobre el proceso de negociación entre la Fiscalía y el abogado del novio de Ayuso para cerrar un pacto de conformidad en su causa por fraude fiscal .

Según la defensa del fiscal, el equipo de Ayuso habría obtenido los emails filtrados antes incluso de que el propio García Ortiz tuviera acceso a ellos, señalando a Rodríguez como el origen de la filtración y acusándolo de crear un bulo para desprestigiar a la Fiscalía .

Rodríguez, por su parte, negó cualquier ilegalidad y justificó la difusión de los correos como parte de un intento de defender la imagen pública de Ayuso ante lo que calificó como un ataque político dirigido desde Moncloa .

El papel del fiscal general y los correos borrados

En el centro del caso se encuentra la supuesta eliminación de mensajes clave en el teléfono móvil del fiscal general . La Guardia Civil ha analizado el dispositivo incautado a García Ortiz, descubriendo que todos los mensajes habían sido borrados entre el 8 y el 14 de marzo , coincidiendo con el período en el que se filtraron los correos.

El juez instructor ha ordenado a la UCO recuperar esos mensajes eliminados y rastrear los registros de las operadoras telefónicas para verificar si hubo contactos directos entre el fiscal y otros implicados en la trama.

Rodríguez ha aprovechado esta investigación para reforzar su acusación contra García Ortiz, asegurando que el fiscal utilizó información confidencial con multas políticas , lo que, en su opinión, evidencia un deterioro institucional impulsado por el actual Gobierno.

Implicaciones políticas y denuncias cruzadas

Mientras el PSOE ha presentado una denuncia contra Rodríguez por supuesta revelación de datos personales de periodistas que investigaban el caso, el equipo de Ayuso ha defendido la actuación de su jefe de Gabinete, alegando que la transparencia es clave para desmontar un supuesto intento de acoso político. contra la presidenta madrileña.

Rodríguez ha minimizado la denuncia del PSOE, calificándola de "maniobra desesperada" , y ha insistido en que los correos revelaran cómo la Fiscalía estaba dispuesta a negociar un pacto para evitar que el caso afectara políticamente al Gobierno de Sánchez.

"Esto es un ataque directo contra Ayuso y contra la libertad de expresión. No vamos a quedarnos callados", afirmó el jefe de Gabinete.

Un proceso en expansión

La declaración de Rodríguez marca el inicio de una serie de interrogatorios previstos para enero. Entre los citados figuran varios periodistas implicados en la publicación de los correos y otros testigos relacionados con la cadena de filtraciones .

Mientras tanto, el juez del Supremo sigue analizando si García Ortiz incurrió en un delito de revelación de secretos y evalúa las posibles responsabilidades penales de los implicados.

Conclusión: tensión política y judicial en aumento

El caso ha desatado una tormenta política que enfrenta al Gobierno central con la Comunidad de Madrid. Con acusaciones cruzadas, filtraciones y presuntos abusos de poder , el proceso amenaza con erosionar la imagen pública tanto de Ayuso como de Sánchez .

Mientras la investigación avanza, queda por ver si las pruebas presentadas por ambas partes serán suficientes para determinar las responsabilidades penales y si el caso acabará afectando al futuro político de los implicados.