¿Irá a la cárcel Begoña Gómez? Estos son los precedentes que preocupan a Moncloa

A medida que avanza la investigación judicial, aumentan las semejanzas entre la forma de actuar de Begoña Gómez y de Iñaki Urdangarin. Si él se valió de su condición de yerno del Rey para hacer negocios, ella se ha beneficiado de su condición de esposa del presidente del Gobierno para desarrollar una meteórica y lucrativa carrera profesional con la ayuda de los recursos del Estado. La propia Gómez reconoció este martes ante el juez que utilizó puntualmente a su asistente en Moncloa para su actividad profesional privada.

Urdangarin utilizó su relación con la Casa Real para captar fondos públicos que financiasen sus eventos deportivos; Gómez logró, según los indicios en la causa, que se le creara una cátedra sin titulación universitaria, que empresas le desarrollaran gratuitamente un software valorado en más de 300.000 euros —que ella inscribió a su nombre—, y que su asesora en Moncloa solicitara fondos a entidades privadas para financiar sus cursos.

Dichos programas formativos estaban subvencionados con dinero público: las empresas que adelantaban el coste lo recuperaban más tarde gracias a las bonificaciones de la Seguridad Social.

Ahora, igual que entonces, España observa con atención una causa judicial que gira en torno al uso de influencias personales para obtener ventajas profesionales y económicas. Los correos electrónicos y testimonios en poder del juez Peinado dibujan un escenario donde el acceso a los resortes del poder se habría utilizado para intereses propios.

Sin embargo, hay diferencias clave: Urdangarin fue sometido a un juicio social, mediático y judicial implacable. Begoña Gómez, en cambio, cuenta con el respaldo de Moncloa y de medios e instituciones afines, desde donde se ha llegado a acusar a la Justicia de actuar con sesgo político.

Durante el proceso de Urdangarin, no se habló de lawfare ni de guerra judicial, pese a que el juez instructor, José Castro, participó más tarde en las listas de Sumar, y el presidente del tribunal, Juan Pedro Yllanes, fue cabeza de lista de Podemos en Baleares.

En contraste, el Ejecutivo de Sánchez ha denunciado públicamente a jueces, tildado de bulos las informaciones publicadas y planteado reformas para limitar la acusación popular, con el fin —según la oposición— de blindar a su entorno familiar.

El propio Pedro Sánchez fue especialmente exigente con la Casa Real en 2014, cuando pidió a la Infanta Cristina que renunciara a sus derechos dinásticos antes de ser juzgada. Hoy, su actitud hacia su esposa es diametralmente opuesta.

Iñaki Urdangarin fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión y los cumplió, con la única concesión de no compartir celda. Ese precedente planea ahora sobre el caso de Gómez, cuya situación judicial se complica con cada revelación.

Mientras tanto, las palabras que Pedro Sánchez pronunció entonces —“la Justicia es igual para todos”— resuenan hoy con fuerza en medio de un contexto político y judicial cada vez más tenso.