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Interior bajo presión: Leire Díez trasladó a Marlaska su rechazo a la retirada de la medalla de Koldo

El exasesor ministerial Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo. / A. Pérez Meca

La mediadora socialista llegó a lanzar un “órdago” al Ministerio del Interior para frenar el expediente sancionador abierto por la Guardia Civil

La exasesora socialista Leire Díez, señalada en varios procedimientos judiciales por su papel como intermediaria informal del PSOE, trasladó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su oposición frontal a que la Guardia Civil retirase la condecoración otorgada en 2018 a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos e investigado en el caso Koldo.

Según se recoge en las notas manuscritas del comandante Rubén Villalba, incorporadas al sumario del caso, Díez habría llegado a “lanzar un órdago” al Ministerio del Interior para que no se ejecutase la revocación de la medalla. Una actuación que, de confirmarse, revelaría un intento de presión política directa sobre un procedimiento administrativo sancionador por parte de una persona sin cargo público ni rango institucional.

Un expediente que señala al ministro

El expediente de retirada de la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, abierto a comienzos de 2025, fue instruido por el coronel Aniceto Martín, jefe de Personal del Instituto Armado. El documento deja claro que la decisión final corresponde al ministro Marlaska, tal y como establece la normativa vigente sobre condecoraciones en cuerpos de seguridad.

La apertura del expediente coincidió con la revelación pública de que Koldo García estaba siendo investigado por presuntas mordidas relacionadas con contratos de emergencia para la adquisición de mascarillas durante la pandemia. En un escrito oficial fechado el 24 de enero, Interior ya advertía de que la instrucción judicial en curso “pone de manifiesto una conducta atentatoria al prestigio del Cuerpo”.

Una condecoración bajo sospecha

La medalla fue concedida a García en 2018, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y con Juan Ignacio Zoido como ministro del Interior, por su colaboración en la lucha antiterrorista en Navarra como confidente y colaborador en operaciones contra ETA. Sin embargo, tras conocerse sus vínculos con el comisionista Víctor de Aldama y su implicación en posibles delitos de corrupción, la Guardia Civil inició el proceso para evaluar si la condecoración seguía cumpliendo los requisitos de “extraordinario relieve y prestigio” exigidos por el reglamento.

La nota clave del expediente menciona que la difusión mediática y la alarma social en torno a su situación judicial justificarían, al menos en términos de imagen, la retirada de la medalla como medida de protección institucional.

La mano invisible del poder

Ha salido el tema de la condecoración de Koldo y Leire dice que ella ha lanzado un órdago al Ministerio del Interior para evitar que se la quiten”, recoge literalmente una anotación de Villalba, que actúa como testigo protegido en el marco de la instrucción.

Esta frase, aparentemente informal, cobra relevancia al leerse dentro de un patrón de comportamiento atribuido a Leire Díez en varios expedientes judiciales abiertos en distintos juzgados. La figura de Díez ha sido descrita por fiscales como una “fontanera” de Ferraz, una operadora política con capacidad para acceder a altas instancias del Gobierno, transmitir mensajes de parte y operar con autonomía en nombre del PSOE.

Un entorno blindado

El propio Koldo García ha negado que exista “resolución alguna” que justifique la retirada de su medalla, y mantiene que la misma sigue en vigor hasta que se dicte lo contrario. Su defensa sostiene que las investigaciones judiciales abiertas no suponen una condena y que la medalla fue concedida por hechos pasados que no tienen relación con su situación actual.

El caso pone de nuevo el foco sobre los mecanismos de control interno dentro de la Administración y la supuesta permeabilidad del Ministerio del Interior ante presiones externas. En la práctica, la intervención de Díez podría constituir un obstáculo político al procedimiento reglado si se demostrara que influyó en la paralización del expediente.