Un piso oculto en Perú y 680.000 € bajo lupa: Hacienda complica la situación de Ábalos ante el Supremo
La Agencia Tributaria ha remitido al Tribunal Supremo un informe demoledor sobre la situación patrimonial del exministro José Luis Ábalos, actualmente investigado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. El documento, dirigido al magistrado Leopoldo Puente, confirma que Ábalos ha ingresado 680.000 euros en el periodo bajo investigación y, además, nunca ha declarado la propiedad de un inmueble en Perú, valorado en 657.000 euros, a pesar de estar legalmente obligado a hacerlo.
Según este informe, al que ha tenido acceso El Debate, Ábalos no ha presentado el Modelo 720, el formulario que obliga a declarar bienes en el extranjero superiores a 50.000 euros desde el año 2013. Una omisión fiscal que podría tener relevancia penal, aunque Hacienda se limita —por el momento— a un volcado de datos sin conclusiones claras, algo que ha sido criticado por inspectores consultados.
Ingresos y opacidad
El informe fiscal, que abarca de 2014 a 2023, detalla que Ábalos ha declarado ingresos medios de 70.000 euros anuales —por ejemplo, 58.491 € en 2014 y 67.640 € en 2023—, sumando un total de 679.162,72 euros en el periodo investigado. Sin embargo, no se incluyen transferencias extraordinarias ni se especifican los orígenes concretos de ciertas cantidades.
El inmueble en Chimbote (Perú), de 657.000 euros, permanece sin declarar. Su existencia fue destapada por El Debate y confirmada por la Guardia Civil, que lo incluyó en otro informe ya en poder del juez Puente. Se trata de una grave omisión fiscal, puesto que la ley obliga a su declaración desde hace más de una década.
Presunta implicación directa de la directora de la Agencia Tributaria
Llama poderosamente la atención que el informe remitido al Supremo lleve el membrete “Gabinete de la directora”, lo que implicaría una participación directa de Soledad Fernández, actual responsable del organismo. Los expertos consultados no dudan en calificar el documento como “una acumulación de datos sin análisis ni valoración jurídica”, algo que contrasta con los criterios habituales de trabajo de los técnicos de Hacienda.
El paralelismo con el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, es evidente. En ambos expedientes, han sido altos cargos del Ministerio de Hacienda quienes han intervenido directamente, desplazando a los técnicos, y emitiendo conclusiones que, según fuentes fiscales, “evitan conscientemente toda incriminación directa”.
Fiadelso, transferencias y redes paralelas
El informe también recoge las relaciones bancarias de Ábalos, incluyendo intercambios habituales de fondos con Jaime Gustavo Casal Ardines, presidente de la ONG Fiadelso, fundada por el propio Ábalos. Esta organización recibió más de 5 millones de euros en subvenciones públicas durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Las transferencias entre ambos, aún bajo análisis, podrían arrojar luz sobre el flujo de capitales no declarados ni justificados.
Nuevas pruebas contra Koldo García
En paralelo, la pericial caligráfica ordenada por el juez ha confirmado que el listado manuscrito de obras públicas amañadas corresponde a Koldo García, exasesor de Ábalos. Este documento fue aportado por el empresario Víctor de Aldama, quien lo entregó en sede judicial tras declarar como testigo en la causa.
Ábalos, mientras tanto, sigue sin pasaporte y obligado a comparecer periódicamente ante el juzgado, a la espera de que estas nuevas pruebas se integren formalmente en la instrucción.