La ineficacia de Montero dejó a la Justicia sin historiales de agresores y a las víctimas en riesgo

El sistema de control telemático de agresores por violencia de género en España, conocido por las llamadas "pulseras antimaltrato", ha sufrido una de las peores crisis operativas desde su implantación en 2009. La decisión del Ministerio de Igualdad en 2023 de cambiar de proveedor —alegando motivos económicos e ideológicos— ha provocado, según fuentes citadas por OKDIARIO, una interrupción crítica del servicio que ha dejado a mujeres víctimas sin seguimiento efectivo durante varios meses, afectando directamente su seguridad y la labor de la Justicia.

El origen del problema: ruptura con la tecnología israelí

Hasta el año 2023, el sistema estaba gestionado por Telefónica, en colaboración con la firma israelí Attenti Electronic Monitoring. Esta última había desarrollado, durante más de 15 años, una tecnología robusta, adaptada al entorno judicial español, y con pulseras consideradas inviolables sin activar alarmas. Sin embargo, el Ministerio —entonces bajo la titularidad de Irene Montero— optó por romper la colaboración con Attenti, en lo que diversas fuentes internas del proceso de adjudicación describen como una decisión ideologizada, motivada por el deseo de dejar de trabajar con empresas israelíes en el contexto del conflicto en Gaza.

El nuevo contrato fue adjudicado a una UTE formada por Vodafone y Securitas, con el objetivo de reducir costes. El resultado fue un proceso de transición marcado por la improvisación técnica, falta de preparación y pérdida de datos críticos.

Fallo en la migración de datos: excarcelaciones y absoluciones

Según documentos recogidos por OKDIARIO y fuentes implicadas en la migración del sistema, la nueva adjudicataria no pudo recuperar ni operar los datos anteriores al 20 de marzo de 2024. Esta situación provocó que el Centro Cometa —encargado de la monitorización en tiempo real de los agresores— tuviera que informar a los juzgados que no podía responder a preguntas sobre incidencias previas a esa fecha.

Las consecuencias fueron inmediatas. Tanto en la fase de instrucción como en el enjuiciamiento, los jueces no pudieron acceder al historial técnico de los dispositivos, lo que obligó en múltiples casos a emitir sentencias absolutorias o archivos provisionales. La Fiscalía General del Estado, en su memoria anual, reconoció abiertamente la existencia de una “potencial desprotección de las víctimas” derivada de esta negligencia tecnológica.

Incapacidad técnica y dependencia del proveedor anterior

La gravedad del fallo técnico fue tal que la propia empresa adjudicataria se vio forzada a contratar nuevamente a Telefónica, a quien habían desplazado, para que les asistiera en la implementación del sistema básico. Fuentes conocedoras del proceso aseguran que la UTE no estaba en condiciones de operar un sistema tan sensible y que "no eran capaces de montar la base de datos ni de responder técnicamente a las exigencias del pliego". La comunicación entre las partes llegó a tal punto de deterioro que se realizaba "incluso por burofax", según las mismas fuentes.

Pulseras deficientes: baratas, manipulables y sin respaldo técnico

Más allá de la pérdida de datos, el nuevo sistema incorporó dispositivos de calidad cuestionable, que habrían sido adquiridos en plataformas como AliExpress, según testigos citados por OKDIARIO. Estas nuevas pulseras presentan fallos críticos:

• Se pueden manipular sin que salten las alarmas.

• Dependen del propio agresor para ser cargadas diariamente.

• Carecen de un protocolo claro de sustitución inmediata ante fallos.

El propio Ministerio reconoció que el plan técnico presentado por la nueva adjudicataria recibió una nota de 3,6 sobre 10, pero aun así se validó el contrato y se procedió con la transición.

La ideología por encima de la seguridad

Una fuente directa del proceso señala que el motivo principal para cambiar de proveedor no fue técnico ni presupuestario, sino ideológico. “Querían eliminar a toda costa la tecnología israelí del sistema, aunque eso significara renunciar a un modelo que llevaba más de una década funcionando con eficacia”, afirma. El resultado, dice, es una política de “ahorro a cualquier precio”, combinada con hostilidad ideológica hacia un proveedor por su nacionalidad, lo que ha derivado en un colapso operativo con consecuencias ya verificables en sentencias judiciales.

Reacciones judiciales y silencio institucional

El escándalo ha provocado un debate creciente en el ámbito judicial, donde jueces y fiscales se ven imposibilitados para ejercer su labor con normalidad al no contar con información técnica clave sobre el comportamiento de los agresores. Sin embargo, desde el Gobierno no se han asumido responsabilidades políticas por lo ocurrido. La actual ministra, Ana Redondo, ha reconocido ante los medios la existencia de problemas graves durante la transición, pero no ha avanzado medidas concretas para depurar responsabilidades ni compensar los errores cometidos.

Mientras tanto, el sistema sigue sin estar plenamente operativo, y miles de mujeres continúan bajo riesgo con un sistema de seguimiento que carece de las garantías mínimas que exige una política pública de protección frente a la violencia machista.