En el ocaso del año 2020, Salvador Illa, exministro de Sanidad, concedió un gigantesco contrato por valor de 2.579 millones de euros para el suministro de mascarillas. Esta millonaria asignación, fragmentada en diversos lotes, atrajo a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, en colaboración con el gigante Ferrovial Servicios. La UTE formada por ambas empresas logró asegurar su posición en dos de los lotes, superando a competidores a pesar de tener precios considerablemente más altos.

Según la investigación de THE OBJECTIVE, las mascarillas suministradas por esta UTE eran seis veces más costosas que las de otros competidores. La opacidad en la distribución de los 2.579 millones de euros del macrocontrato previene una comprensión precisa de su destino. Aunque fuentes vinculadas a Ferrovial Servicios afirman que su empresa no fue finalmente adjudicataria, el expediente sugiere que el Ministerio de Sanidad favoreció las mascarillas FPP2 de la UTE, otorgándoles un lugar destacado.

El precio asignado a estas mascarillas, fijado en 1,13 euros por unidad para las Comunidades Autónomas, contrasta significativamente con ofertas de otras empresas con puntuaciones inferiores en la licitación, quienes ofrecían el mismo producto a 0,41 euros por mascarilla. Este controvertido contrato, concebido para poner fin a las asignaciones discrecionales y centralizar las compras gubernamentales, se tradujo en un fracaso evidente, con solo un 6% de ejecución según estimaciones del sector.

A pesar de que, meses después del inicio de la pandemia, la mayoría de las instituciones ya contaban con suficiente material sanitario, las primeras asignaciones a dedo, especialmente a proveedores como Soluciones de Gestión, resultaron cuestionables. Estos retrasos en el suministro contribuyeron al descalabro del megacontrato de Illa, del cual el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) nunca ha proporcionado detalles sobre los contratos específicos ni las cantidades distribuidas entre las empresas adjudicatarias.

Soluciones de Gestión se encuentra ahora bajo investigación por presunto soborno relacionado con la asignación de contratos millonarios de mascarillas. Koldo García, vinculado a la empresa aragonesa y exasesor de José Luis Ábalos, figura central en la investigación, enfrentándose a acusaciones de haber recibido 1.5 millones de euros en comisiones ilegales. Este caso, que involucra a 20 investigados, incluidos empresarios y familiares vinculados al exasesor de Ábalos, destaca la presunta participación de García en el aumento de su patrimonio durante las asignaciones de contratos relacionados con la pandemia.