Hoteles, pinganillos y sobresalientes: el patrón del presunto fraude en oposiciones gallegas
La Fiscalía investiga un posible amaño sistemático de oposiciones en Galicia, especialmente en pruebas de la Seguridad Social, tras detectarse una concentración estadísticamente anómala de sobresalientes en la sede de La Coruña. Las pesquisas apuntan a un entramado organizado que habría vendido plazas en distintos organismos públicos a cambio de grandes sumas de dinero, con un modus operandi que incluiría pagos en hoteles, pinganillos y un facilitador clave, según publica The Objective.
La investigación se inició tras las irregularidades detectadas en los procesos selectivos, que llevaron al departamento dirigido por Elma Saiz a trasladar el caso al Ministerio Público. Según los datos analizados, las 34 mejores notas del primer ejercicio tipo test correspondieron a opositores examinados en la provincia de La Coruña. Posteriormente, se constató que 25 de las 50 mejores calificaciones de toda España procedían también de esa sede, pese a representar solo alrededor del 10 % de los aspirantes.
Aunque estas cifras no constituyen por sí solas una prueba definitiva de fraude, describen una distribución difícil de justificar en una prueba nacional diseñada para seleccionar entre miles de candidatos. Las sospechas se intensifican al comprobar que 12 vecinos de Celanova (Ourense), un municipio de apenas 5.700 habitantes, obtuvieron altas calificaciones no solo en la Seguridad Social, sino también en oposiciones de Hacienda y Adif, compartiendo vínculos personales y un entorno común.
Según los testimonios recabados, el sistema llevaría años funcionando y afectaría a oposiciones de múltiples instituciones, como Hacienda, Policía Nacional, Instituciones Penitenciarias y Adif, con precios que oscilarían entre 20.000 y 60.000 euros, en función del cuerpo al que se aspirara. El contacto se produciría por el boca a boca y, una vez aceptada la oferta, los aspirantes serían citados en un hotel de Vigo, donde se realizaría el pago, se entregarían los pinganillos y se explicarían los detalles del procedimiento.
El caso de Celanova resulta especialmente llamativo por la reiteración del patrón y por el perfil de algunos de los opositores: mayores de 45 años y, en varios casos, sin formación universitaria. En el municipio, los vecinos señalan a una persona concreta como presunto facilitador del sistema, considerado el eje de la red.
Las sospechas no proceden únicamente de aspirantes que se quedaron sin plaza. Funcionarios de la Seguridad Social han denunciado irregularidades internas tras la incorporación de algunos aprobados con calificaciones sobresalientes que, según relatan, muestran carencias graves de conocimientos básicos. Trabajadores públicos aseguran que algunos nuevos empleados no dominan conceptos elementales del temario, como la carencia para la incapacidad temporal o los requisitos mínimos para la jubilación, algo incompatible con las notas obtenidas.
Las dudas se extienden también al cuerpo de técnicos de la Seguridad Social, donde se han detectado casos de opositores con puestos destacados en la promoción cuyos conocimientos prácticos son casi nulos meses después de incorporarse. Fuentes internas alertan de que el riesgo de filtraciones es mayor en estas pruebas, ya que los exámenes son elaborados por técnicos del propio organismo y no por un órgano independiente.
No obstante, las fuentes recuerdan que aprobar la oposición y tomar posesión no garantiza la plaza de forma definitiva, ya que antes debe superarse un curso selectivo o periodo de prácticas. En caso de ser declarado no apto, el funcionario es cesado y no consolida el puesto.
Mientras la Fiscalía avanza en la investigación, el caso ha abierto un profundo debate sobre la transparencia, la seguridad de los procesos selectivos y la necesidad de reforzar los controles para preservar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública.