El hombre que exculpó al suegro de Sánchez fue recompensado con un sillón en el Congreso
La carrera política del jurista Artemi Rallo Lombarte, diputado del PSOE y exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ha vuelto al foco público. Según revela El Debate, Rallo fue premiado con escaños en el Congreso y posteriormente en el Senado tras archivar, durante su mandato al frente del órgano supervisor, dos expedientes que afectaban directamente a la familia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Los casos archivados por Rallo se remontan a los años 2010 y 2011, cuando la Policía Municipal de Madrid denunció la existencia de cámaras ocultas en dos saunas —Azul y Princesa— propiedad de Sabiniano Gómez Serrano y Francisco Enrique Gómez Serrano, suegro y tío político de Begoña Gómez, esposa del presidente. La documentación señalaba que dichos establecimientos carecían de la autorización legal y no cumplían con los requisitos de información previa a los usuarios, según la normativa de la Ley Orgánica de Protección de Datos vigente entonces.
Sin inspecciones físicas ni sanciones
En ambos expedientes, la AEPD optó por archivar las denuncias sin realizar inspecciones presenciales. En su lugar, se basó únicamente en las respuestas enviadas por los propietarios, quienes aportaron fotografías, planos y formularios informativos autodeclarativos. De forma llamativa, la agencia dio por válidas esas pruebas sin contrastar su veracidad, y determinó que los sistemas de videovigilancia “reunían los requisitos legales”, procediendo al cierre de ambos procedimientos sin imponer sanciones.
Estos hechos ocurrieron mientras Rallo ejercía como director de la AEPD (2007–2011), designado por el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pese a la gravedad de las denuncias, que afectaban a locales vinculados con prácticas de videovigilancia irregular en contextos sensibles, no se emitió ninguna multa ni se procedió a requerimientos adicionales.
Ascenso político posterior de Rallo
Una vez fuera de la AEPD, Artemi Rallo regresó a su plaza como profesor de Derecho Constitucional en la Universitat Jaume I. Pero su regreso a la política activa se produjo en 2016, cuando Pedro Sánchez lo situó como número uno del PSOE por Castellón en las elecciones generales. Desde entonces, Rallo ha ocupado puestos clave en el Congreso y en el Senado, incluso participando en la defensa del controvertido anteproyecto de Ley de Amnistía promovido por el Gobierno.
Esta reincorporación a la política no solo es llamativa por el tiempo transcurrido desde su anterior etapa institucional, sino por la coincidencia temporal con la consolidación de Sánchez como líder del PSOE y su posterior llegada a La Moncloa.
Vínculos personales y sospechas de trato de favor
El vínculo entre Sánchez y Rallo ha sido descrito por fuentes internas del partido como estrecho y de confianza, aunque nunca reconocido de forma oficial. Lo cierto es que Rallo ha sido rescatado políticamente en dos ocasiones por Sánchez, lo que refuerza la interpretación de que se trata de una figura de confianza para el presidente.
Más allá de las afinidades ideológicas, lo que ahora se cuestiona es si esa relación pudo influir en decisiones administrativas pasadas con repercusión directa en la imagen pública del entorno familiar del jefe del Ejecutivo. Las resoluciones firmadas por Rallo beneficiaron, de forma indirecta, a la familia política de Sánchez, archivando denuncias por prácticas que podrían haber derivado en sanciones o investigaciones penales.
Falta de diligencia administrativa
Las críticas no se centran únicamente en el resultado de los expedientes, sino también en el procedimiento con que se gestionaron. Según los informes de la Policía Municipal, los locales contaban con hasta seis cámaras en zonas interiores, y no había carteles informativos visibles ni registro de autorización. Aun así, Rallo consideró que no había infracción y no ordenó ninguna comprobación directa, lo que expertos en protección de datos consideran una falta grave de diligencia administrativa.
Uno de los casos, además, afectaba a un local en el que los agentes indicaron que se grababa sin consentimiento durante al menos 10 días, y que solo el responsable tenía acceso a las imágenes, sin protocolos de seguridad definidos. La ley exige que toda captación de imágenes sea notificada, limitada en el tiempo y acompañada de garantías de acceso, supuestos que claramente no se cumplían según la denuncia.
¿Impunidad o coincidencia?
Las asociaciones cívicas que han seguido el caso ven en la trayectoria de Rallo una posible puerta giratoria entre la Administración y la política, donde decisiones pasadas pueden influir en beneficios futuros. Aunque no hay prueba directa de un pacto entre Sánchez y Rallo, la concatenación de hechos alimenta sospechas en un contexto de creciente escrutinio sobre los vínculos familiares y políticos del presidente.
Además, este nuevo caso se suma a la creciente lista de escándalos que rodean a la figura de Sánchez y su entorno más cercano, desde el caso Koldo hasta los contratos relacionados con Air Europa, la actividad de Begoña Gómez con fundaciones y start-ups, y las múltiples imputaciones en tramas de corrupción en el PSOE.