La Guardia Civil sostiene que la trama Leire ya operaba en 2019
Según publica The Objective, los investigadores sostienen que la estructura que posteriormente desembocó en la denominada trama de Leire Díez comenzó a operar varios años antes de la imputación de Begoña Gómez. Los informes de la UCO apuntan a que las primeras maniobras se dirigieron contra la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE de Andalucía.
La investigación sobre la denominada trama de Leire Díez continúa revelando nuevos detalles sobre el funcionamiento de una estructura que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habría comenzado a operar mucho antes de que estallaran los escándalos que actualmente afectan al entorno del PSOE. Según publica The Objective, los investigadores sitúan el origen de esta red al menos en el año 2019, varios años antes de las reuniones mantenidas en Ferraz tras la imputación de Begoña Gómez.
La documentación incorporada al sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz señala que las primeras actuaciones de la organización no estuvieron relacionadas con el caso Koldo ni con las investigaciones que posteriormente afectarían al entorno de Pedro Sánchez. El primer objetivo habría sido la magistrada Mercedes Alaya, conocida por instruir el caso de los ERE de Andalucía.
La juez Alaya, primer objetivo de la trama
Según los informes de la UCO, la estructura atribuida a Leire Díez desarrolló una estrategia destinada a provocar la denominada «muerte social» de la magistrada Mercedes Alaya. Los investigadores sostienen que esta actuación se produjo después de que la jueza investigara el caso Aznalcóllar, una causa que terminó afectando al entonces presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández.
Fernández acabó abandonando su cargo en octubre de 2019 en medio de la polémica generada por aquella investigación. Posteriormente sería absuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla, pero los investigadores consideran que su salida supuso un duro golpe para determinados intereses que posteriormente convergerían en la trama ahora investigada.
«Volverás y nos ocuparemos de que el tumor se extirpe»
Entre los mensajes intervenidos por los investigadores aparece una conversación especialmente relevante. Según recoge The Objective, Leire Díez habría trasladado a Vicente Fernández una promesa clara tras su salida de la SEPI: «Volverás y nos ocuparemos de que el tumor se extirpe».
Los investigadores consideran que esa expresión hacía referencia directamente a la magistrada Mercedes Alaya. La exmilitante socialista habría planteado distintas estrategias para desacreditar a la jueza y neutralizar el impacto de las investigaciones judiciales que afectaban a determinados cargos y estructuras vinculadas al ámbito socialista.
La documentación intervenida también menciona la participación de Rafael Salvador, inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), a quien se pretendía utilizar en algunas de estas operaciones.
La conexión con los ERE de Andalucía
La UCO sostiene que el origen de la trama está directamente relacionado con las consecuencias judiciales del caso de los ERE de Andalucía, uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente española.
La sentencia de aquella causa provocó la condena de numerosos dirigentes socialistas, incluidos los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Los investigadores creen que parte de las actuaciones desarrolladas por la estructura de Leire Díez tenían como finalidad debilitar o desacreditar procedimientos judiciales relacionados con aquel escándalo.
Según los informes policiales, la organización habría desarrollado mecanismos destinados a influir sobre investigaciones, desacreditar a jueces e intentar alterar el desarrollo normal de determinados procedimientos judiciales.
La UCO señala a Santos Cerdán
Los investigadores sitúan al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en un nivel jerárquico superior dentro de la estructura investigada. Leire Díez ocuparía una posición ejecutiva encargada de coordinar actuaciones y establecer contactos con distintos colaboradores.
Según el sumario, la relación entre ambos no comenzó en 2024, como se había sostenido inicialmente. Los agentes han encontrado indicios de contactos y reuniones que se remontarían al menos a enero de 2021.
Además, la documentación intervenida recoge referencias a distintos encuentros, comunicaciones y anotaciones que, según los investigadores, contradicen algunas de las explicaciones ofrecidas públicamente por el exdirigente socialista.
La trama y la SEPI bajo la lupa judicial
La investigación de la Audiencia Nacional también analiza una supuesta estructura paralela que habría operado en torno a la SEPI entre 2021 y 2023. En esta línea de investigación aparecen Vicente Fernández, Leire Díez y el empresario Joseba Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán.
La UCO sostiene que esta red habría intervenido en distintas operaciones económicas relacionadas con contratos públicos y rescates empresariales por un importe global cercano a los 133 millones de euros.
Los investigadores consideran que estas actuaciones pudieron realizarse aprovechando relaciones políticas, contactos institucionales y capacidad de influencia dentro de diferentes organismos públicos.
Una investigación que sigue creciendo
La aparición de nuevos documentos, agendas, mensajes y anotaciones continúa ampliando el alcance de una investigación que ya afecta a varios antiguos cargos vinculados al entorno socialista.
Según publica The Objective, las pruebas reunidas hasta el momento apuntan a que la estructura investigada no nació como reacción a los problemas judiciales de Pedro Sánchez o de su entorno familiar, sino que venía actuando desde años antes con el objetivo de intervenir en procedimientos judiciales considerados sensibles.
La causa permanece abierta y los investigadores continúan analizando miles de documentos intervenidos durante los registros practicados en los últimos meses, mientras la Audiencia Nacional sigue tratando de determinar el verdadero alcance de una trama que, según la UCO, llevaba operativa al menos desde 2019.
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