Gómez busca bloquear el acceso judicial a los mails que cuestionan su versión
La cuarta comparecencia judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se centró este miércoles en los presuntos delitos de malversación y uso indebido de recursos públicos, vinculados a la contratación de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. Pese a su comparecencia, la asesora se acogió al derecho a no declarar, como ya había anticipado su entorno legal.
El núcleo de la investigación gira en torno al posible uso de Álvarez, empleada pública, para actividades privadas relacionadas con la cátedra universitaria que codirige Gómez. Según fuentes jurídicas consultadas por El Debate, correos electrónicos en poder del juez Peinado demostrarían que estas colaboraciones no fueron puntuales —como defendió la imputada— sino reiteradas y directamente vinculadas a la gestión de actividades lucrativas con participación de patrocinadores privados.
Begoña Gómez, durante su intervención, justificó la contratación de Álvarez en Moncloa apelando a la "amistad previa" que las une y aseguró que la asistente prestó ayuda solo de forma esporádica y desinteresada. Sin embargo, el juez Peinado ha solicitado de forma paralela el envío de todos los correos donde Álvarez figura como remitente o destinataria en su papel como asistente, tanto desde Moncloa como desde su interacción con la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El magistrado ha dado un plazo de diez días al exvicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio, para remitir todas las comunicaciones que obren en su poder relacionadas con Álvarez y con la actividad del máster dirigido por Gómez. Esta decisión judicial se suma a la solicitud ya cursada a Presidencia del Gobierno para el análisis por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El movimiento legal de la defensa busca impedir, vía recurso, que el instructor tenga acceso completo a los correos electrónicos, que podrían desmentir la versión de los “favores ocasionales” prestados por la asesora. Según juristas consultados, el hecho de que la empleada pública realizara tareas ajenas a su contrato —aunque fuese de forma puntual— podría constituir igualmente malversación, delito que pesa como uno de los cinco por los que se investiga a Begoña Gómez.
La causa, que ha adquirido un evidente eco político, coincide con una estrategia de Moncloa para centrar el debate público en el plano internacional, con anuncios como el embargo de armas a Israel o el refuerzo de la ayuda humanitaria a Gaza, medidas que han eclipsado parcialmente la atención mediática sobre las comparecencias judiciales de la esposa del presidente del Gobierno.
Contexto judicial
Además del presunto delito de malversación, Begoña Gómez está investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Su situación procesal podría agravarse si los correos que ahora solicita el juez demuestran una colaboración sistemática de su asesora en beneficio de actividades personales.
En paralelo, crecen las voces que reclaman que la Justicia actúe con independencia, recordando precedentes como el caso Urdangarin. La defensa de Gómez, por su parte, continúa insistiendo en que se trata de una campaña de acoso mediático y judicial contra la familia del presidente.
La investigación sigue abierta, y la resolución del juez Peinado sobre los correos podría convertirse en la prueba clave para sustanciar o archivar el caso.