La eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha vuelto a España este martes sin que tenga intención de entregarse al Tribunal Supremo (TS), que el pasado 12 de enero dictó una nueva orden de detención nacional contra ella por un presunto de delito de desobediencia, por lo que se arriesga a ser arrestada para ponerla a disposición judicial, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Según han confirmado fuentes próximas a Ponsatí, ha llegado a Cataluña después de vivir cinco años entre Escocia y Bélgica después de referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017 por el que está procesada.

Su defensa confía en que no sea detenida por la inmunidad europarlamentaria, si bien al mismo tiempo su entorno asume que podría ser arrestada.

En el auto dictado por el instructor del 'procés', el magistrado del TS Pablo Llarena, el pasado 12 de enero para revisar sus decisiones iniciales a la vista de la última reforma penal, ratificó el procesamiento en rebeldía de Ponsatí pero sustituyó el delito de sedición que se le imputaba por el de desobediencia, debido a la derogación del primer ilícito.

Además, Llarena dejó sin efecto la busca y captura e ingreso en prisión, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención anteriores y dictó una nueva orden nacional de detención y puesta a disposición contra Ponsatí para tomarla declaración.

Fuentes del alto tribunal señalan que, de no comparecer voluntariamente ante el Supremo, podría ser detenida para ser puesta a disposición de un juzgado de guardia de Barcelona y resolver así su situación personal directamente o ponerlo en conocimiento de Llarena para que sea el magistrado quien decida.

Las fuentes consultadas apuntan que, dado que el delito de desobediencia no conlleva pena de prisión, cabe esperar que, de ser detenida, quedara en libertad con medidas cautelares.

En estos momentos, la situación de Ponsatí es la misma en la que se encontraba la ex diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel. Procesada también por un delito de desobediencia con una orden nacional de detención para que fuera puesta a disposición del TS para tomarla declaración, se presentó el pasado 19 de julio en el alto tribunal para regularizar su situación.

Tras este movimiento, Llarena dejó sin efecto la declaración de rebeldía y la orden de detención y puesta a disposición que pesaba contra Gabriel y la citó para el 14 de septiembre, día en que acudió a declarar para negar la desobediencia. Poco después, el 21 de septiembre, el magistrado concluyó la investigación contra la ex diputada de la CUP, dejándola a un paso del juicio oral.