Golpe a la libertad de prensa: la nueva ley castiga a informadores y ciudadanos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes el proyecto definitivo de la Ley de Información Clasificada, una norma que sustituye a la vigente Ley de Secretos Oficiales de 1968 y que llega cargada de polémica. La nueva legislación contempla multas de hasta 2,5 millones de euros a periodistas y ciudadanos que revelen información clasificada, además de establecer un sistema de desclasificación automática de documentos con plazos que oscilan entre los 4 y los 45 años.

La decisión del Consejo de Ministros de remitir el texto al Congreso de los Diputados ha sido recibida con profunda inquietud por asociaciones de prensa, juristas y parte de la oposición, que denuncian una amenaza a la libertad de información y al ejercicio periodístico.

Multas millonarias y amenaza a la prensa

El articulado de la nueva ley incorpora un régimen sancionador que afecta por primera vez no solo a funcionarios o miembros de la Administración, sino a cualquier ciudadano, incluidos periodistas, editores y medios de comunicación. Las infracciones muy graves, que según el Ejecutivo suponen un “riesgo grave para la seguridad nacional”, podrán sancionarse con entre 800.001 y 2.500.000 euros.

También se contemplan multas graves, de hasta 800.000 euros, y leves, que pueden llegar a 30.000 euros. Según ha explicado el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, estas sanciones se aplicarán en función de la gravedad y del daño potencial a “la vida de los ciudadanos o la integridad del Estado”.

La medida ha sido ampliamente criticada por organizaciones como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y Reporteros Sin Fronteras, que consideran que este modelo penaliza la función de vigilancia democrática de los medios y puede abrir la puerta a nuevas formas de censura encubierta.

Una vieja demanda del PNV: desclasificación programada

Uno de los puntos más relevantes del nuevo texto es la introducción de plazos obligatorios para la desclasificación de documentos oficiales, una histórica reclamación del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que había condicionado su apoyo a Sánchez a este compromiso.

De aprobarse la ley en su forma actual, se desclasificarán automáticamente:

• Los documentos «alto secreto» tras 45 años.

• Los «secretos» tras 35 años.

• Los «confidenciales» entre 7 y 9 años.

• Los «restringidos» en un plazo de 4 a 5 años.

Esto implicaría, por ejemplo, que a finales de 2025 podrían quedar desclasificados documentos clave sobre el 23-F, la dictadura franquista o los primeros años de la Transición, salvo que existan causas mayores para mantener su confidencialidad.

Adiós al CNI como custodio: nueva Autoridad Nacional

Otro aspecto relevante es la modificación del órgano custodio de los secretos. La protección de la información clasificada dejará de depender del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y pasará a manos de una nueva entidad denominada Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que dependerá directamente del Ministerio de la Presidencia.

Esta nueva figura será responsable de gestionar el registro, archivo, revisión y control de acceso a la documentación confidencial, generando recelos en sectores que temen una mayor politización del control de los secretos de Estado.

Ley paralela para proteger a los informadores... con matices

El Gobierno ha querido equilibrar el impacto de esta legislación con la aprobación simultánea de un anteproyecto de ley orgánica sobre el secreto profesional de los periodistas. En este texto se establece que los informadores tienen derecho a no revelar sus fuentes, salvo en circunstancias excepcionales.

Solo se podrá obligar judicialmente a identificar una fuente si se acredita un daño grave e inminente a la vida, la seguridad de una persona o a la seguridad nacional. El Ejecutivo argumenta que este marco legal ofrece garantías que no existían hasta ahora, pero las organizaciones profesionales temen que el marco sancionador de la Ley de Secretos pueda prevalecer en la práctica.

Una ley bajo sospecha

La nueva Ley de Información Clasificada llega en un contexto marcado por procesos judiciales abiertos contra ex altos cargos, polémicas por la opacidad del Ejecutivo en determinadas actuaciones y un clima de desconfianza entre el Gobierno y los medios de comunicación. Aunque desde Moncloa se defiende que la norma es más garantista que la heredada del franquismo, numerosos expertos alertan de que puede generar un efecto disuasorio entre periodistas, activistas y denunciantes.

Mientras el texto inicia ahora su tramitación parlamentaria, el debate promete tensiones entre el PSOE y sus socios de investidura, así como con una oposición que ya ha advertido que recurrirá la norma ante el Tribunal Constitucional si se aprueba sin enmiendas de calado.