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El Gobierno tramita 118 nacionalidades marroquíes al día: récord histórico en 2024

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una declaración institucional. / David Oller
Cataluña y Madrid lideran la estadística, en un contexto político en el que el voto migrante podría decantar mayorías en territorios clave

El Gobierno de Pedro Sánchez está tramitando nacionalidades a ciudadanos marroquíes a un ritmo inédito: 118 cada día durante el año 2024. Esta cifra pone de manifiesto una estrategia de aceleración administrativa que ha permitido que, en lo que va de año, el 44% de los marroquíes naturalizados lleve menos de dos años residiendo en España.

Según publica OKDiario, desde que Sánchez asumió la presidencia en 2018, el número total de marroquíes que han obtenido la ciudadanía española supera los 272.500, más del doble que durante el mismo periodo de gobiernos del Partido Popular, cuando se naturalizaron unos 130.000 ciudadanos del país magrebí.

Marruecos se consolida como el principal país de origen de nuevos ciudadanos españoles, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este fenómeno coincide con un contexto político en el que el Gobierno busca ampliar sus apoyos electorales en comunidades autónomas clave.

Un voto que puede ser decisivo

Este crecimiento cobra especial relevancia si se observa el papel que la comunidad marroquí jugó en las elecciones del 23 de julio de 2023. En regiones como Cataluña, donde el PSC obtuvo 19 de los 48 escaños en juego, el voto de ciudadanos de origen marroquí —que supera los 150.000 con derecho a voto— fue determinante para inclinar el resultado a favor del bloque socialista.

Desde Rabat, diversos dirigentes de la Unión Socialista de las Fuerzas Populares (USFP) señalaron entonces que el cambio de postura del Gobierno español sobre el Sáhara Occidental actuó como un aliciente para movilizar a estos votantes, especialmente en zonas urbanas con fuerte implantación de la comunidad marroquí.

La vía rápida: nacionalidad por carta de naturaleza

Una parte significativa de las nacionalizaciones se están llevando a cabo a través de la carta de naturaleza, una fórmula excepcional que permite al Consejo de Ministros conceder la ciudadanía por razones de “interés nacional” o “circunstancias excepcionales”, sin que sea necesario haber residido un tiempo determinado en el país.

Este procedimiento ha crecido de forma notable: en 2020 se registraron 215 solicitudes, mientras que en 2024 se han contabilizado 938 peticiones, lo que supone un incremento del 336%. Aunque México y Colombia figuran también entre los países con mayor número de solicitudes, Marruecos destaca por su volumen y la rapidez en la tramitación.

Una estrategia electoral bajo sospecha

Desde distintos sectores de la oposición se acusa al Ejecutivo de utilizar el acceso a la nacionalidad como herramienta de ingeniería electoral, especialmente en un contexto de elevada polarización y desgaste institucional. La coincidencia entre el aumento de nacionalizaciones y el calendario electoral ha despertado sospechas sobre las verdaderas motivaciones de esta política.

Los datos del INE muestran que en 2022 se concedieron 55.463 nacionalidades a ciudadanos marroquíes, de las cuales 16.172 correspondieron a residentes en Cataluña. Se trata de cifras que podrían afectar a la representación parlamentaria en provincias disputadas, y consolidar mayorías progresistas en territorios clave.

Esta intensificación del ritmo de nacionalizaciones no solo afecta a la composición del censo electoral, sino que también incide directamente en las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos, en un momento marcado por la reconfiguración de alianzas geopolíticas en el norte de África y Europa.

Aunque el procedimiento es legal y se inscribe en los márgenes que establece el marco constitucional, el uso político de estas herramientas excepcionales es lo que alimenta la controversia. La oposición exige transparencia en los criterios de concesión y denuncia que se está haciendo un uso partidista de los recursos del Estado con fines electorales.