El Gobierno de Castilla-La Mancha, encabezado por el socialista Emiliano García-Page, ha dado un paso histórico al presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la polémica ley de amnistía, desafiando no solo al Gobierno central sino también a su propio partido. Este recurso, registrado este lunes de manera telemática ante el Tribunal Constitucional (TC), coloca a García-Page en la misma línea de acción que los gobiernos autonómicos del Partido Popular en Madrid, Cantabria, Aragón y Murcia, que también han interpuesto recursos en las últimas horas.

La portavoz del Gobierno manchego, Esther Padilla, confirmó la presentación del recurso durante una comparecencia en Villarrubia de Santiago (Toledo). Padilla explicó que la decisión de impugnar la ley fue adoptada por el Consejo de Gobierno el pasado 30 de julio, después de recibir un informe del Consejo Consultivo, solicitado por el propio García-Page.

Una decisión histórica que desafía a la Moncloa

Este informe, descrito por Padilla como “muy contundente”, establece que la ley de amnistía “rompe el principio de igualdad entre los ciudadanos”, lo que la hace inconstitucional a juicio del Gobierno de Castilla-La Mancha. Además, el informe subraya la plena legitimidad de la comunidad autónoma para presentar el recurso, argumentando que la ley en cuestión discrimina a los ciudadanos y atenta contra los pilares fundamentales del Estado de Derecho.

El PSOE, en plena tormenta política

La decisión de García-Page de alinearse con los gobiernos del Partido Popular en esta cuestión no ha pasado desapercibida, provocando un auténtico terremoto político. En un contexto en el que el Gobierno central defiende la ley de amnistía como un mecanismo para la reconciliación, el paso dado por un destacado dirigente socialista como García-Page añade un nuevo frente de batalla dentro del propio PSOE.

Con este movimiento, el Gobierno de García-Page se suma a los ejecutivos autonómicos liderados por el PP que han presentado recursos similares en las últimas 24 horas, en un esfuerzo coordinado para frenar una legislación que consideran una grave amenaza para el equilibrio constitucional de España.